Los diputados locales aprobaron por mayoría la renuncia al cargo de síndico del Ayuntamiento de Simojovel, de Gilberto Martínez Andrade, quien ha sido señalado y denunciado por los mismos pobladores de falta de transparencia en el manejo de recursos públicos y otros actos ilícitos.
La diputada Patricia Mass Lazos se manifestó en contra del dictamen, al comentar que si bien es cierto que el referido tiene el derecho para separarse del cargo, en atención al compromiso de rendición de cuentas consideró que no era conveniente aprobar la renuncia.
No al menos en tanto no exista una prueba fehaciente de que el funcionario no tiene ningún pendiente con la cuenta pública de su municipio, de lo cual no existía hasta ayer ninguna documentación viable que pruebe que pueda separase de una forma correcta de sus funciones.
Al respecto, el diputado Omar Molina Zenteno hizo uso de la palabra para argumentar que más allá de un derecho como ciudadano, en el caso del ahora exsíndico de Simojovel se debe tomar en cuenta el panorama que prevalece en el municipio, luego de las afectaciones por las lluvias, la ingobernabilidad desde hace meses y la crisis de inseguridad.
Enfatizó que no es un caso más; si bien todos los ciudadanos tenemos derechos también hay obligaciones, pero quienes ostentan un cargo público los tienen aún más. Tienen la obligación de rendir cuentas ante las instancias y el pueblo.
Cuestionó que si la renuncia se aprobó a Martínez Andrade, de Veracruz o de Chiapas, recordando que ciudadanos de Simojovel han denunciado ante instancias como la Auditoría Superior y la Fiscalía General de la República la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, y han acreditado que ha alterado documentos para acreditar su ciudadanía.
Puntualizó que en lugar de pedir licencia debió atender las afectaciones por las lluvias, ya que muchas comunidades están aisladas por los derrumbes.
En tanto, el legislador Marcelo Toledo Cruz, a su vez, subió a la tribuna del Congreso para comentar que en el transcurso de los años las leyes y las instituciones electorales en México se han ido fortaleciendo, y por ende, las contiendas han sido paulatinamente cada vez mejores; los partidos políticos han dado cumplimiento a los mandatos constitucionales.
Pero a veces esos esfuerzos se han visto superados por la interpretación errónea del marco legal; cuando el mismo poder se vuelve condescendiente con ciertos actores e involucran acuerdos que conllevan actitudes que finalmente terminan doblegando la legislación, precisó.
Pensar, dijo, que se tiene el derecho de aspirar a un cargo estando en otro, debería partir de la premisa de servir al pueblo y no porque el puesto actual lo permite, y los recursos disponibles también. Ninguna separación de un cargo debe estar ligada a la simulación.
Constitucionalmente es derecho de cualquier ciudadano poder ser votado para cualquier cargo de elección popular, sin embargo, esto es aplicable siempre que cumplan las responsabilidades legales y políticas que la misma legislación dicta.
