Fernando Cruz Cantoral, diputado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), auguró que la propuesta que presentó hace casi un mes para crear la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso Electoral Local Ordinario sea aprobada, en su momento, y con ello abonar a la vida democrática del estado, sobre todo porque en junio próximo se celebrarán las contiendas electorales.
De acuerdo con el legislador, ya se envió un proyecto de documento ejecutivo, cuyo principal fin es realizar algunas visitas de distrito durante ese proceso electoral, así como el monitoreo de medios de comunicación, recibir denuncias o quejas de la ciudadanía; solicitar y llevar un control de información de las dependencias.
Además, agregó, se buscará colaborar con la Fiscalía de Delitos Electorales, entre otras acciones que se plantearán y desarrollarán a partir de que, dijo, exista la voluntad política para diseñar una comisión que “traiga a la vanguardia a Chiapas”.
Incluso dijo que lo ideal sería que en esta representación popular puedan ser testigos del buen uso de las instituciones públicas para respetar la venidera fiesta democrática y fomentar la participación ciudadana.
De hecho, la propuesta está respaldada por el artículo 39-A de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la cual establece que son comisiones especiales las que se constituyen para el estudio de algún asunto que no sea competencia de ninguna de las comisiones ordinarias, para la propuesta de solución de alguna problemática, en torno a la realización de algún evento de importancia estatal, o cuando lo exija la urgencia o la calidad de los asuntos.
Entre otros planteamientos de la propuesta de Fernando Cruz Cantoral, sobresale la importancia de legislar en este sentido debido a que este proceso electoral servirá para renovar los 123 municipios de Chiapas y los 24 distritos para conformar la LXVIII Legislatura local.
“Que se lleve a cabo de forma transparente y sin fines políticos de los programas sociales, los servicios o bienes públicos provistos, administrados o financiados por la Administración Pública Estatal y Municipal, y con ello inhibir actos de coacción o presión en contra de los electores”, estableció.
