Las autoridades estatales y municipales de México no tienen ningún control sobre las armas que emplean sus policías. No disponen de un inventario de armas ni de una idea de sus características y condiciones y, en el colmo de esa anarquía, ni siquiera saben que mucho de ese arsenal ya no existe.
Esta situación inaudita, propia de una anarquía insospechada en un país abrumado cotidianamente por el crimen, la inseguridad y la tolerancia e impunidad en que actúan los delincuentes mayores, fue expuesta por el secretario de la Defensa Nacional, general Clemente Vega García.
La verificación del armamento de la policía, que regularmente efectúa el Ejército, puso en evidencia este increíble descuido que constituye uno de los muchos factores que nos mantienen en desventaja en la lucha contra el hampa.
Las armas son desiguales, no son adecuadas para el combate contra el crimen, no reciben el mantenimiento pertinente ni pueden ser uniformemente provistas de municiones y, en muchos casos, ya fueron retiradas de los destacamentos policiacos por los agentes, que las vendieron o las regalaron. Esta apenas concebible realidad es consecuencia del desprecio o la complicidad con la que algunas autoridades políticas locales supervisan un aspecto de la seguridad pública que merece mucha más atención y cuidado.
Si no hay una rudimentaria organización de los instrumentos básicos para que la policía pueda cumplir su tarea de vigilancia, mantenimiento del orden, represión legal de la delincuencia y seguridad pública, menos puede haber una selección y capacitación del personal, que lo haga consciente de sus deberes elementales.
Con cierta frecuencia se dice que el camino más fácil para obtener un arma, cualquiera que esta sea, es la conexión con un policía. Presumiblemente por esta vía, muchas armas confiscadas van a dar a ese mercado clandestino. Ahora se podría presumir que algunas de las armas con las que los guardianes del orden son dotados tienen el mismo destino o aun más grave, podrían ir a parar a manos de maleantes. Por supuesto, nadie puede creer que las armas son tiradas, como un panuelo desechable.
Tenemos que insistir en que buena parte de la batalla contra la delincuencia debe dirigirse a evitar el suministro de armas, lo que por sí solo constituye un delito grave, pues además del descontrol en el armamento de la Policía mexicana, existe también el contrabando internacional de armas, las que, en este caso, son introducidas a México d e manera especial por la frontera norte.
La energía que los estadounidenses demuestran cuando se refieren a la salvaje violencia desencadenada en México por el crimen organizado no tiene su contraparte en una acción eficaz, sistemática, coordinada y permanente para combatir el flujo de armas provenientes del norte para abastecer a los narcotraficantes. La misma obligación, por supuesto, corresponde a la Policía mexicana.
En todo caso, lo que importa ahora es atender el llamado del secretario de la Defensa Nacional y poner orden ahí, en el control, registro, inventario y supervisión minuciosa del armamento con el que se dota a la policía local y municipal de México para salvaguardar las garantías individuales y para proteger a la sociedad de la violencia y del crimen organizado. Urge que haya una respuesta pronta o, de lo contrario, deberán fincarse responsabilidades a quienes tienen el mando en estas corporaciones, pues ello sugiere una complicidad inadmisible. Portar armas es un asunto serio; están en juego la vida humana y la paz social. (El Universal)
