La proliferación de armas en el país está alcanzando niveles alarmantes. Ya no son solamente pistolas, fusiles y metralletas los componentes de los arsenales del crimen organizado, sino también granadas y bombas. Ayer en la madrugada, dos granadas estallaron en un Palenque de Tonalá, Jalisco. A las explosiones siguieron varios disparos de armas de fuego. Hubo cinco muertos y treinta heridos. La policía capturó a seis sospechosos y ante la gravedad del hecho, la Procuraduría General de la República ejerció su derecho de atracción por haberse violado la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros delitos.
En Hermosillo, Sonora, un comando armado de 15 hombres incursionó a tiros en el hospital general del estado para rescatar al narcotraficante Efraín Beltrán Félix, allí recluido, con un saldo dramático de seis heridos.
Estos son solamente los episodios más recientes de una historia de violencia desbordada que va de Tamaulipas a Guerrero y de Tijuana a Culiacán, para citar los sitios más castigados por esta ola de asesinatos que cobra la vida de delincuentes, pero también de policías, periodistas y vecinos. Conocemos mucho de lo que ocurre y casi nada de los resultados de la lucha de las autoridades contra este gran problema de violencia que parece interminable. Son pocos los detenidos y menos los castigados. El derramamiento de sangre es impune. La autoridad no ha podido garantizar la seguridad social que está obligada a proveer.
La violencia desenfrenada socava peligrosamente las bases sobre las que descansa la estructura nacional y debe ser legítimamente controlada con determinación y energía.
Es caudaloso el flujo de armas que entra ilegalmente en el país, principalmente por la frontera norte. Armas norteamericanas, israelíes o rusas son metidas de contrabando por todas las ciudades fronterizas. Hay una vasta organización de distribuidores clandestinos de armas que debe ser combatida internacionalmente con el mismo tesón que nos demandan atacar el narcotráfico, y hay posibilidades razonables de rastrear la ruta de las armas por su registro.
La banda sinfín entrega las armas a los criminales que por vías ilegales obtienen botines para conseguir más armamento. Pero en algún punto podrá romperse el ciclo.
Antes, en las carreteras nacionales fueron instalados retenes para combatir el tráfico ilegal de armas. Nunca se dieron a conocer los resultados de esta operación y la mayoría de éstos han sido retirados. Probablemente no las hubo o, quizá, la corrupción fue mayor a la voluntad de detener este flujo peligroso para todos. En los aeropuertos y estaciones de autobús los pasajeros son revisados en busca de armas u objetos punzocortantes, pero los capos del crimen organizado viajan en sus propios vehículos o Lear jets.
Otras medidas deberán ser tomadas para detectar las armas, inclusive la convocatoria para la denuncia pública vía telefónica o internet. Todo mecanismo deberá ser puesto a disposición de esta tarea urgente para evitar la criminalidad en México. A menos que la corrupción siga siendo superior a esta intención.
Mejores sistemas de inspección tienen que funcionar en las fronteras y, sobre todo, es necesario constatar que a las noticias de atentados masivos y ciegos como el de Tonalá, sigan informaciones de la acción de la autoridad que vayan más allá de las consabidas investigaciones y culminen con resultados positivos: aprehensiones, procesos y castigos.
Todo programa de acción contra el crimen organizado, el narcotráfico y el tráfico de armas en México deberá estar coordinado y organizado desde el gobierno, quien es responsable de nuestra seguridad personal y patrimonial. Y aun más, cuidar este flujo ilegal de armas provenientes, en algunos casos, de países que nos acusan de violentos es un asunto de seguridad nacional, sin duda alguna. (El Universal)
