Diputados locales aprobaron por unanimidad el decreto por el que se reforma el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, en materia de violencia política contra las mujeres, armonizándola así con la legislación federal que reconoce este delito.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales, del PRD, manifestó que a través de este se agrega el concepto emanado del Congreso de la Unión y que define lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Representa un avance para que las mujeres puedan ejercer totalmente sus derechos políticos electorales.
Sin embargo, refirió que se deberá seguir trabajando en materia legislativa, porque seguramente se seguirán presentando nuevas formas de discriminación, de impedimento a los derechos políticos electorales a las mujeres.
Enfatizó que con las reformas aprobadas en materia de género, el funcionario público va a ser sujeto de obligación si comete violencia política en razón de género.
Es un dictamen histórico que parte de una lucha desde el Congreso federal y estatales, de activistas, académicas y todas las mujeres que tienen interés de participar en la vida política de nuestro país.
Por otra parte, la legisladora Janette Ovando Reazola mencionó que se tenía el compromiso de la armonización estatal de ocho leyes a nivel federal, y con toda la serie de leyes que se están añadiendo.
Refirió que se hizo una armonización con la legislación federal a través de un trabajo coordinado, sin colores partidistas, sin protagonismos, dando prioridad a la justicia a favor de las mujeres chiapanecas.
En ese tenor, recordó que realizaron dos foros virtuales para escuchar a los expertos en los dos temas importantes, paridad de género y violencia política, dando pie a una propuesta legislativa concreta.
Destacó que uno de los requisitos que estipula la reforma aprobada, para la elegibilidad a puestos públicos, es no haber sido condenado por violencia política. “Si ese requisito hubiera existido algunos de los que están electos, no hubieran podido ser, porque muchos son agresores. Ahora la violencia política es un delito”, dijo.
La diputada puntualizó que Chiapas destaca por contar con una comisión especial de prevención contra la violencia política contra las mujeres, donde se ha trabajado en la armonización legislativa y otros temas relevantes, lo que no se ha hecho en ningún congreso del país.
Dejó sobre la mesa la propuesta de crear una fiscalía especializada contra la violencia política contra las mujeres, para vigilar en todo el estado las manifestaciones que impidan ejercer sus derechos a este sector.
Reconoció también que tanto el poder Legislativo como el Ejecutivo del estado han dado prioridad a la agenda de género y la inclusión de las mujeres.
Los legisladores aprobaron también por unanimidad el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
