Priorizando la armoniosa relación obrero-patronal del espíritu de la reforma laboral, el Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas inició la implementación del Nuevo Modelo Laboral, sumándose al arranque nacional decretado por la Federación, en beneficio de todas y todos los chiapanecos.
Así lo anunció el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios, acompañado de las consejeras de la Judicatura, Isela de Jesús Martínez Flores y María Itzel Ballinas Barboza, teniendo como testigos de honor al secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, en representación del titular del Ejecutivo estatal, Rutilio Escandón Cadenas, y al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo.
De esta manera, Chiapas, en sincronía con el Gobierno Federal, está listo para cumplir con el espíritu de la reforma laboral decretada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, e implementada en la entidad con un sentido de responsabilidad y coordinación por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
En este contexto, el magistrado presidente, Juan Óscar Trinidad Palacios, señaló que esta implementación denominada “Nuevo Modelo Laboral: Primera Etapa”, anunciada en la Ciudad de México, tiene impacto directo en las y los chiapanecos, toda vez que incentiva las mejores condiciones de la relación entre las y los obreros y patrones, detonando el mismo tiempo las mejores condiciones de desarrollo económico.
Para lograr estos objetivos, desde la respetuosa colaboración y con la visión de liderazgo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se ha trabajado de manera responsable con los órganos implementadores logrando que Chiapas inicie la vigencia de la reforma constitucional con Juzgados Especializados en Materia Laboral, lo mismo que con juezas y jueces capacitados.
“En el Poder Judicial hemos trabajado con capacitación, infraestructura, evaluaciones, participación y voluntad para generar sinergias en beneficio de todas y todos los chiapanecos, eventos en los que incluso hemos contado con la presencia de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas”.
Asimismo, se tienen políticas públicas de igualdad y de no discriminación, clasificación y transferencia de archivos registrales y la capacitación y formación en el Sistema de Justicia Laboral, entre otras acciones, que ponen al estado a la vanguardia para garantizar la impartición de justicia en beneficio de todas y todos, pero además evidencian la sinergia entre los gobiernos Federal y Estatal en beneficio de la gente, puntualizó.
Sobre la implementación de la reforma, mediante el Acuerdo General 18/2020 el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado creó y puso en funciones dos Juzgados Especializados en Materia Laboral, uno en Tapachula y otro en Tuxtla Gutiérrez.
Atendiendo al Acuerdo General número 17/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, en sesión ordinaria de fecha 30 de octubre de 2020, debido a la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), se prorrogó la suspensión de labores hasta el 3 de enero de 2021, prevaleciendo la suspensión de términos y plazos procesales; mismo esquema que será aplicado a los Juzgados Especializados en Materia Laboral.
Contenido
La reforma gira en dos ejes fundamentales: la transformación del Sistema de Justicia Laboral para hacerla realmente expedita e imparcial. Se eliminan las juntas de Conciliación y Arbitraje y se crean los Tribunales Laborales, dependientes del Poder Judicial, y los centros de Conciliación federal y locales. Se privilegia la conciliación obligatoria previa a juicio.
El segundo eje es la democracia sindical. Se establece el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores para elegir a sus dirigentes sindicales (proceso válido para los trabajadores de los apartados A y B); para aprobar los contratos colectivos iniciales y sus revisiones, y legitimar los contratos colectivos existentes.
Así, se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), el organismo responsable de los registros de sindicatos y depósitos de contratos colectivos de todo el país; de la conciliación a nivel federal; de la verificación de procedimientos de democracia sindical y de la expedición de “constancias de Representatividad”.
Se trata de un nuevo organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Para garantizar la independencia del Centro Laboral, cuenta con una Junta de Gobierno como organismo máximo de decisión, la cual se integra por los titulares de la STPS, la Secretaría de Hacienda, INE, Inegi e INAI.
Bajo su responsabilidad queda la función conciliatoria que deberán agotar los trabajadores y patrones antes de acudir a los Tribunales Laborales. Este proceso no deberá exceder de 45 días naturales. Se validará con convenios entre las partes que tienen el carácter de cosa juzgada y se emitirá la constancia de no conciliación en caso de no haber acuerdo, para que las partes puedan acudir ante los Tribunales Laborales.
El proceso de conciliación tiene una sola audiencia donde se cita a las partes, solo ellas negocian, no participan los abogados que puedan alargar innecesariamente el conflicto.
El CFCRL tendrá la función registral nacional de sindicatos, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo; y facultades de verificación de los procesos democráticos de los sindicatos, en donde la mayoría de trabajadores deben elegir a sus directivas sindicales y respaldar sus contratos colectivos de trabajo a través del voto personal, libre, directo y secreto.
El Centro Laboral podrá verificar el procedimiento de elección, a solicitud de la directiva sindical o de por lo menos el 30 % de los afiliados al sindicato y en caso de duda razonable podrá citar a la reposición del procedimiento.
