La Auditoría Superior del Estado (ASE) es un organismo que fue creado en Chiapas en el año 2001, su objetivo es la revisión del gasto del erario público que hacen los municipios y entes gubernamentales. Es, como dice su titular José Uriel Estrada Martínez, un eslabón para combatir la corrupción a nivel local.
Esta institución no realiza la vigilancia por ocurrencia, ya que todo se genera a través de un plan que se diseña para auditar el ejercicio público del año anterior. Para este 2022 se tienen contempladas 198 auditorías del dinero que gastaron en 2021 las alcaldesas y presidentes municipales.
—Tres años y medio en el cargo, ¿cómo ha sido la fiscalización?
Estamos trabajando desde el primer día hasta hoy con mucho ánimo, tratando de transparentar y fiscalizar los recursos de los ayuntamientos, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Encontramos una oficina, relativamente, funcional; hemos querido darle un enfoque un poco más ciudadano.
Primero, su servidor debe dar la cara y decirle al pueblo de Chiapas que supervisamos el ejercicio del gasto. Propusimos ahí, en la legislatura anterior, algunas reformas a la Ley de Fiscalización y la estamos cumpliendo. Queremos profesionalizar el trabajo de la fiscalización de los dineros.
—¿La ASE es el brazo derecho de la transparencia?
Es una buena pregunta. Nosotros, como ente fiscalizador, somos un eslabón de toda una cadena, funcionamos de manera colegiada diversas instituciones para poder llegar a la transparencia y a la rendición de cuentas, en la que estamos inmersos Fiscalía, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, el Tribunal Administrativo, el Poder Judicial del Estado, por mencionarte algunos.
—¿Una observación municipal es sinónimo de corrupción?
Los medios están muy pendientes y eso es muy bueno, pero, a veces, caemos en algunos excesos: criminalizar inmediatamente, nos saltamos la presunción de inocencia y el debido proceso.
Quiero comentarte que llevamos presentadas ante la Fiscalía, en lo que va de este año, 17 denuncias penales en contra de diferentes funcionarios públicos. Hemos presentado ante el Tribunal Administrativo, en lo que va del año, 19 expedientes.
Hemos logrado dos sentencias condenatorias (…), donde los funcionarios públicos de primer nivel se condenaron a inhabilitación por 10 años y a la reparación del daño de los montos. Tendrán el recurso de revisión, pero, por lo pronto, ya logramos eso.
—¿Qué alcance tiene la ASE en relación a las denuncias contra exalcaldes?
Nosotros fiscalizamos, entregamos al Congreso del Estado 47 informes individuales de los hallazgos que encontramos en diversos ayuntamientos (...), los hacemos públicos en nuestra página.
Una vez que nosotros informamos, la ley nos dice que tenemos 10 días hábiles para notificarle al ente auditado la forma en cómo se encontró la dependencia que están manejando, le hacemos llegar las observaciones del año que se está fiscalizando. Este servidor público o dependencia tiene con nosotros 30 días para poder justificar las observaciones.
Pueden ocurrir tres cosas: no solventar nada y que persistan los montos; solventar de manera parcial y, entonces, atendemos parcialmente la observación; o solventarlo de manera total. Si persisten algunas observaciones en el Área de Seguimiento lo mandaríamos al Área de Corrupción que tenemos.
Se investiga el (monto) faltante del dinero y la conducta del funcionario público; ahí también tienes un derecho de audiencia, y de persistir, nos vamos al Área Jurídica.
Ahí se determina el tipo de sanción que puede ser un servidor público que tenga un cargo de elección popular, y podrá ser remitido al Congreso del Estado.
La segunda, remitirlo al Tribunal Administrativo para fincarle una responsabilidad y se condena la reparación del daño.
La tercera es ir a la Fiscalía, para ver si tenemos suficientes elementos para una conducta que sea constitutiva de un delito.
—¿Qué se fiscaliza?
El ejercicio del gasto. Obra pública. Los ayuntamientos, vuelvo con ellos, manejan recursos propios que cobran, como el predial, agua potable, pavimentación, escuelas, drenaje, alcantarillado. Todo lo que hagan con ese dinero; inclusive, también se audita la nómina, los pagos.
En la siguiente entrega se abordará parte de lo señalado por Estrada Martínez, en relación a las auditorías en tiempo real y las observaciones más comunes que encuentran en las revisiones de los gastos en municipios y otros entes del gobierno.
“Nos tocó también la transición de 21 de los ayuntamientos que concluyeron; hemos trabajado en los temas de entrega-recepción, y creo que tiene un poco más de orden. Hemos estado pendientes de ellos”.
“Hay dependencias, hay titulares muy ordenados, hombres y mujeres que acuden inmediatamente a esta institución; durante ese tiempo empiezan a poder solventar las observaciones”.
“De estas 198 auditorías, 137 van dirigidas a ayuntamientos; lo que pasa es que auditamos a los 124 ayuntamientos, y se auditan a los sistemas de agua; tenemos auditorías de cumplimiento, de desempeño. Las otras son al Poder Legislativo, al Judicial, a todos los órganos de gobierno”.
