Tras una visita de inspección a dos centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales ubicados en Comitán de Domínguez, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró más de 700 m3 de madera.
La Procuraduría al determinar que las maderas eran del género Pinus, clausuró temporalmente dos centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales en el municipio, donde detectaron irregularidades en su operación, entre ellas la ausencia de documentación que acredite el origen legal del producto.
Durante las diligencias realizadas el pasado 30 de julio, los inspectores federales constataron que ambos establecimientos carecían de los registros obligatorios de entradas y salidas de mercancía.
Autorización
En uno de los casos, además, se detectó que el negocio operaba sin la autorización de funcionamiento correspondiente.
Derivado de estas faltas, la dependencia federal impuso medidas de seguridad para evitar que continúen las actividades que pudieran afectar los recursos forestales mientras se desarrollan los procedimientos administrativos.
En el primer centro inspeccionado, ubicado en la cabecera municipal, la Profepa aseguró un total de 132.0491 m³ de madera en rollo, equivalentes a 324 trozos de pino. Además, fueron decomisadas 118 mil 818 piezas de madera aserrada en distintas presentaciones, que suman un volumen de 573.5443 m³. Ante las irregularidades, se ordenó la clausura temporal total de las instalaciones.
Segunda inspección
Ese mismo día, el personal de la Profepa inspeccionó un segundo aserradero, también en Comitán. En este caso, el establecimiento no contaba con la autorización de funcionamiento ni pudo acreditar el aprovechamiento legal de los recursos. Asimismo, no presentó el registro de entradas y salidas de 3.808 m³ de madera aserrada de pino, por lo que este volumen fue asegurado de manera precautoria y se decretó la clausura total del sitio.
Las empresas sancionadas enfrentan ahora procesos administrativos que podrían derivar en multas económicas o la revocación definitiva de permisos, conforme a lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
