Trabajadores del Centro de Actualización del Magisterio en Chiapas aseguran que sus derechos profesionales y laborales han sido violentados por parte de las autoridades de la Subsecretaría de Educación Federalizada, a partir de diversas modificaciones que han hecho en las funciones y estructura del organismo.
Misiva
A través de una carta que hicieron pública, dirigida a diversas instancias estatales y federales, señalan que la problemática se deriva por irregularidades en el decreto número 226, mediante el cual se crea el Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente.
Decreto por el cual se abroga el acuerdo número 2728-A-2018, consignado en el Periódico Oficial 381, de fecha 8 de agosto de 2018, por el que se autoriza al Centro de Actualización del Magisterio (CAM) a impartir y acreditar programas de formación.
Decreto
El decreto plantea la integración de las instancias que se encuentran realizando en Chiapas tareas similares de formación, profesionalización, capacitación y actualización de docentes.
En octubre de 2023 la Subsecretaría de Planeación Educativa convocó al personal del CAM para que planteara otro tipo de actividades académicas diferentes a las del recién creado instituto, ya que por depender del presupuesto federal no podía incorporarse al mismo.
El personal académico del CAM procedió a diseñar el proyecto y entregarlo para su autorización, siendo firmado por el director de Educación Secundaria y Superior, Juan Jesús Guillén Miceli.
El 15 de enero, Guillén Miceli le indicó a Erik Preciado (antes director del CAM, ahora enlace institucional) que el personal del área de recursos materiales ingresaría a las instalaciones del CAM, ubicadas en el Palacio Federal, para sacar todo el mobiliario, equipos y cajas con expedientes y trasladarlo al almacén de la Subsecretaría de Educación Federalizada.
Tipificación
Dicha acción la tipifican como un desalojo, porque el personal del CAM durante los últimos años ha trabajado de manera normal y con alcances de metas por encima de las propuestas y, ahora les quitan las funciones, el mobiliario, equipos y materiales de trabajo y el espacio físico en donde laboran.