Tortugas, boas y loros son algunos de los ejemplares que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), en su delegación de Chiapas, reportó como asegurados, liberados o trasladados al cierre de este fin de mes.
En Tuxtla Gutiérrez, la Procuraduría recibió un polluelo y un adulto de loro (Amazona albifrons), los cuales son de preocupación menor de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT, siendo encontrados en un fraccionamiento; dado su estado de salud, los ejemplares recibieron atención médica veterinaria para asegurar su bienestar.
En coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, también se rescató y liberó a una boa y una culebra (Leptodeira annulata); previo a su liberación, los ejemplares recibieron atención médica y se determinó que tenían las condiciones adecuadas.
En coordinación con personal de una asociación civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Profepa recibió y trasladó al Predio o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre en Forma Confinada Fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) a un lagarto y una boa para su valoración y atención médica. Se trata de ejemplares que están siendo valorados para que tengan las condiciones adecuadas con el fin de ser reintegrados a su hábitat.
En Tapachula, un reporte por parte de una empresa de paquetería alertó a las autoridades ambientalistas, que a su arribo se llevaron la sorpresa de encontrar envueltas a varias tortugas del desierto (Gopherus berlandieri), que pretendían transportarlas en una caja, las cuales fueron enviadas a un PIMVS para su revisión y cuidado.
La entidad juega un papel trascendente en la extracción y comercio ilícito de vida silvestre, debido, en primer lugar, a que es uno de los estados con mayor biodiversidad del planeta, y en segundo lugar por su situación geográfica.
El tráfico de especies es un delito de conformidad con el artículo 420, fracciones IV y V del Código Penal Federal, que se castiga con pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3000 días multa, además se aplica una pena adicional hasta de tres años más de prisión cuando se realice con fines comerciales o cercanas a una Área Natural Protegida (ANP).
