"F. B. * CP. El 14 de junio de 2001, el Congreso del Estado designó a propuesta del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a Pedro Raúl López Hernández.
Este nombramiento venía precedido de una propuesta que formuló a petición del gobernador el obispo emérito Samuel Ruíz García, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
El propósito era generar un organismo público de derechos humanos que cumpliera con su función, haciendo valer la autonomía sin injerencia en sus decisiones del Poder Ejecutivo Estatal.
En las pláticas previas a la designación se expusieron las virtudes de la figura del ombudsman y era el propósito (fallido al final) de hacer un organismo verdaderamente autónomo, sobre la base de que había un gobierno de origen democrático. Pedro Raúl aceptó la encomienda porque le garantizaron que se respetaría la autonomía en sus funciones en el organismo.
Pronto empezaron los roces y diferencias. Surgió una tortuosa relación por supeditar a la CEDH a las voluntades del gobernador y de su asesor, el forastero advenidizo César Chávez, advirtiendo que de todo movimiento que realizara la Comisión, ellos deberían tener conocimiento si no es que su autorización.
Pablo impuso la plantilla del personal, luego de varias entrevistas y con el ánimo de no ensanchar la confrontación, quedaron nombrados los principales funcionarios al gusto del gobernador.
La pretensión del gobierno era tener el control absoluto. Los servidores públicos nombrados pasaron a ser un filtro de información al señor César Chávez, ocultaban datos al presidente de la Comisión y entorpecían gravemente el quehacer de la misma Comisión.
Amenazas: encierro,
destierro o entierro
El 6 de diciembre de 2001, César Chávez Castillo, coordinador de Asesores del Gobernador, amenazó de manera directa al comisionado después de una acalorada discusión, al pretender instruirle cómo realizar el trabajo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El móvil de las amenazas: no coincidir con él. De manera arrebatada, textualmente soltó que el gobernador ya estaba hasta la madre de la actitud del comisionado, y que por lo tanto, ese espacio lo necesitaban para otra persona, que ya en una ocasión le habían ofrecido ser magistrado del fuero común y no había aceptado, y que ahora escogiera entre encierro, destierro o entierro, matizando que eso no era una amenaza, sino que el ombudsman le diera su propia interpretación.
Hostigamiento
Al no renunciar, empezó un hostigamiento directo. Así, el día 18 de diciembre del año 2001, cuando transitaba de Tuxtla a San Cristóbal de Las Casas, de manera directa fue hostigado y amenazado con la intención de sacarlo de la carretera por medio de un vehículo camioneta Suburban de color marrón, con vidrios polarizados y que se le emparejaba, después lo rebasaba y se ponía adelante impidiéndole el paso. López Hernández logró evadirlo en la comunidad de Navenchauc. En dicho carro iba un sujeto alto, gordo y moreno, con chamarra de piel, lentes oscuros y gorra.
El 13 de diciembre de 2001 inició una persecución mediante la Averiguación Previa 25/2001, en contra de Pedro Raúl López Hernández, Auberth Gutiérrez Ochoa y Roberto Vázquez Martínez, presidente, primer visitador y director de Seguimiento de Recomendaciones.
Poco tiempo después se giraron órdenes de aprehensión en contra del primer visitador general y del director de Seguimiento de Recomendaciones. Ambas órdenes de captura se combatieron y se ganaron a través del juicio de amparo.
El jueves 3 de enero en el resturante Vips de Tuxtla Gutiérrez, estando a las seis de la tarde con el licenciado Víctor Manuel Moreno Constantino, al momento de entrar al restaurante, el comisionado se percató de que se encontraban tres grupos de cuatro individuos cada uno que se apostaron alrededor de la mesa que ocuparon con su interlocutor y toda vez que la actitud de éstos era muy rara y extraña, decidieron cambiarse a otra mesa del mismo restaurante, a donde de manera deliberada también ellos hicieron lo mismo, cambiándose de mesa y colocándose a su alrededor sin que mencionaran absolutamente nada.
López Hernández llamó por teléfono a compañeros de trabajo y periodistas para que se percataran de lo que estaba sucediendo, para que vieran a las personas y fueran testigos si era el caso de que otra cosa grave sucediera; al retirarse se pudo dar cuenta que iban en tres vehículos color blanco Spirit y una camioneta gris marca Dodge, todos sin placas.
Atentado a balazos
El hostigamiento y ataques a la Comisión Estatal de Derechos Humanos encuentra su mayor crisis con el atentado a balazos de quien fuera el presidente del organismo, Pedro Raúl López Hernández, en su domicilio particular, la madrugada del día 14 de enero de 2002.
El mismo tiene como antecedente las declaraciones que el mes anterior había hecho a los medios de comunicación, en el sentido de que en el operativo policiaco de fecha 27 de julio de 2001, se habían cometido violaciones a derechos humanos de los pobladores del ejido San José, en el municipio de Marqués de Comillas.
Declaraciones por las cuales fue amenazado con ""destierro, encierro o entierro"", por el entonces jefe de asesores del gobernador de Chiapas, César Chávez Castillo. La recomendación por el caso fue emitida dos días antes del atentado a balazos.
Como presuntos autores intelectuales y materiales de este atentado estuvieron sujetos a proceso Nicolás Acero Nandayapa, Héctor Francisco Ruiz Ruiz y Venturino Federico Ruiz Macías, quienes obtuvieron su libertad a través de la justicia federal.
El mismo día en que fue detenido el señor Nicolás Acero Nandayapa se recibieron varias llamadas telefónicas anónimas. Entre las 6:30 y 6:45 las llamadas entraron a la oficina del secretario particular del presidente de la CEDH y del secretario ejecutivo, amenazándolos con que serían detenidos.
Órdenes de aprehensión
No sólo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos era víctima de estos hostigamientos y ataques, también algunos ex servidores públicos del organismo, como Auber Gutiérrez Ochoa y Roberto Vázquez Martínez, quienes fueron acusados penalmente de diversos delitos que se desvanecieron a través de amparos y la revisión correspondiente ante el Colegiado.
El jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, Jorge Gutiérrez Chanona, al comparecer ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, como parte denunciante por el robo de un vehículo de la CEDH, no en calidad de indiciado, fue obligado a desnudarse bajo el pretexto de practicarle examen médico y tomarle fotografías.
Agresión y tortura
Con fecha 10 de octubre de 2002, aproximadamente a las 23:00 horas, mientras se dirigía a una farmacia cercana a su domicilio para comprar un medicamento, el comisionado fue interceptado por tres sujetos armados que amagándolo con armas de fuego lo obligaron a bajar del vehículo. Advirtiéndole que dejara de enviar recomendaciones al Gobierno Estatal, le propinaron golpes en el rostro, cabeza y diversas partes del cuerpo.
Descripción general del tema
Paralelo a ello, se promovió de manera dolosa la práctica de una auditoría. Sin análisis ni dictamen de por medio, incluso a espaldas de los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, se turnó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado dicha solicitud de auditoría.
Sin siquiera haber iniciado la misma, el autollamado ""gobierno de la esperanza"" inició en los medios un linchamiento mediático dado que ya tenían una conclusión y se hablaba escandalosamente de desvío de recursos en la CEDH, pero la auditoría ni siquiera empezaba.
Las razones
El Gobierno del Estado exigía a través de su coordinador de asesores, César Chávez Castillo, revisar hasta la más mínima actuación del organismo, a lo que el ombudsman se opuso, pero además de revisarlo, pretendía que sólo con su visto bueno se podía actuar.
El Gobierno no quería que se mencionara ni siquiera a algún policía de crucero que había violado derechos humanos.
No era posible, pues en esa administración de manera recurrente se implementaron operativos policiacos en contra de campesinos, estudiantes, maestros, burócratas, indígenas, trabajadores en general y la CEDH no podía quedarse callada.
Obstrucción del
trabajo de CEDH
Una práctica recurrente fue impedir que los visitadores generales se entrevistaran con las personas privadas de su libertad en los separos de la Policía Judicial (AEI), lo que resultaba una minucia, pues por esas fechas se detectó la existencia de muchas ""casas de seguridad"" donde tenían ""detenidas"" o secuestradas a personas que en el mejor de los casos estarían arraigadas, pero sin conocimiento de familiares y abogados; estaban incomunicados quedando completamente en estado de indefensión.
Así era el deplorable estado de excepción en el que vivían felices Pablo y la camarilla de hampones que lo secundaban y alababan, entre ellos Mariano Herrán, Rubén Velásquez, Horacio Schoroeder y otros que se regodeaban ante el ejemplo que les daba el delincuente al que tenían como jefe.
Linchamiento mediático
El gobernador del estado de manera personal y frecuente, en declaraciones a los medios de comunicación descalificaba a la CEDH y su titular.
El procurador de Justicia de ese entonces, con mayor énfasis, frecuentemente en conferencias de prensa, a preguntas de los medios de comunicación, se desbordaba y con mucha ligereza y públicamente, denostaba a la CEDH y su titular.
Se refería al presidente de la CEDH como ""el abogadete"", que el nombramiento del ombudsman fue ""...de porro a presidente de la CEDH..."", que no lo había podido meter a la cárcel por el ""fueroide"" que ostentaba como ombudsman.
Amenaza constantemente, iniciando de manera paralela diversas averiguaciones previas. En suma, descalificaba el trabajo de la CEDH.
Durante más de tres años en la CEDH se padeció una campaña aterrorizante y permanente en contra de colaboradores cercanos al presidente: correos anónimos con amenazas, citatorios infundados ante el Ministerio Público, llamadas telefónicas anónimas, amenazas, acoso policiaco.
Se iniciaron en la Procuraduría de Justicia varias averiguaciones previas en contra de algunos trabajadores de la CEDH, con delitos prefabricados. El gobierno sabía los movimientos del ombudsman, su familia y principales colaboradores.
El día 12 de enero de 2002 la CEDH hizo pública la recomendación 01/2002 que da cuenta de un operativo policiaco que por sus implicaciones derivó en violaciones de los derechos humanos de pobladores tzeltales de la comunidad Marqués de Comillas, del municipio de Ocosingo.
El Gobierno del Estado en reiteradas ocasiones conminó a la CEDH a no difundir la recomendación, pues pese a las evidencias, sostenía la teoría de que no existían tales violaciones de los derechos humanos de los tzeltales.
Dos días después de haberse emitido esa recomendación, el 14 de enero de 2002, alrededor de las 3 de la madrugada, es baleado el domicilio de Pedro Raúl López Hernández. Por lo menos siete balas calibre nueve milímetros hicieron blanco en la recámara de su hija y de un automóvil estacionado en el garage.
Las autoridades judiciales tardaron más de cuatro horas en llegar al lugar de los hechos para levantar las primeras diligencias. Cuando llegaron, fue para hostigar al presidente y su familia.
Manipulación de
la información
Alrededor de las 8 de la mañana del día del atentado, el procurador de Justicia, Mariano Herrán Salvatti, llegó a su domicilio acompañado de Arturo Salgado Cordero, director general de la Agencia Estatal de Investigaciones, antes Policía Judicial del Estado.
Al salir de la casa, el procurador llamó a los medios de comunicación y de manera irresponsable y falaz, declaró que en la plática que minutos atrás había sostenido conmigo, yo le había dicho que sospechaba de la participación de los diputados Germán Jiménez Gómez y Julián Nazar Morales.
Pero en nuestra conversación, que se dio incluso en presencia de algunos periodistas, jamás abordamos el tema, hecho que fue muy grave porque el fiscal del estado, sin investigación alguna, ya tenía conclusiones incriminatorias en contra de personas que tenían diferencias con esa administración de gobierno.
Ese mismo día, a las 13 horas, el gobernador del estado ofreció una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno acompañado de Herrán. Sin elemento alguno, de manera absurda, grosera y carente de ética y honestidad, el gobernador dejó entrever que todo apuntaba a un auto atentado, hipótesis que sostuvo al día siguiente (15 de enero por la mañana) en el programa televisivo de alcance nacional con un payaso de la información en un programa denominado ""El Mañanero"".
Y fue más allá, porque manifestó su sospecha por el hecho de que los hijos del ombudsman no estaban en su casa en pleno período de clases. Lo que Pablo Salazar no sabía era que sus hijas estudiaban en San Cristóbal de Las Casas: una asistía a una secundaria federal y la otra a la Escuela de Derecho, por lo que lógicamente no estaban en casa el día del atentado mortal, pero tal vez el gobernador reparó en ese hecho porque esperaban que hubiesen estado.
A petición del secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa, se llevaron a cabo diversas reuniones, mediando la presencia del obispo Felipe Arizmendi Esquivel; representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y de la CNDH.
Se estableció una aparente tregua, que sólo duró unos meses.
Durante esa tregua se pretendió siempre que renunciara el comisionado, hubo diversos ofrecimientos económicos, de trabajo y de diversa índole, no llegando a ningún acuerdo.
Pronto arreció el hostigamiento, a través de averiguaciones previas, auditoría, linchamiento periodístico, descalificación oficial, acoso psicológico, amenazas anónimas, hostigamiento al personal de CEDH, entre otros.
Una de las amenazas recibidas por Pedro Raúl el 08 de marzo de 2002, vía internet a la cuenta [email protected], llegó a las 19:01:29 horas y decía textualmente:
""que paso licenciadito deja de joder mano porque te vamos a partir tu madre compita, si cesar no te chingo nosotros si lo haremos, tus pasos medidos están y tus movimientos en las pinches ciudades de san Cristóbal y tuxtla estan plenamente identificadas cada movimiento que haces lo sabemos asi que deja de joder a mi gobierno de la que soy parte y no hay pedo no te hare nada...si su dejas de chingar nada pasar licenciadito de lo contrario te veremos en el mas alla...""
Restricción presupuestal
a CEDH
Al no alcanzar el objetivo de que Pedro Raúl López renunciara, se procedió entonces a asfixiarlo financieramente. Se suspendía paulatinamente el presupuesto para que la CEDH no funcionara.
El ejercicio presupuestal que fue autorizado por el Congreso del Estado el año anterior, no se le entregaba. Se pagaba sólo la nómina durante algunos meses.
Cualquier trabajador o funcionario de la CEDH que acudía a realizar trámites inherentes a sus funciones a la Procuraduría de Justicia, inmediatamente era hostigado.
El lunes 29 de abril de 2001, luego de un acto oficial en el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador dio instrucciones a su coordinador de Comunicación Social, David Tovilla, para que repartiera las copias de un documento enviado al presidente de la CEDH por la CNDH, con copia al gobernador, en el que se excluye de violaciones a los derechos humanos del suscrito por parte de servidores públicos del Gobierno del Estado, luego del tiroteo a su domicilio particular, el 14 de enero pasado.
Aún cuando ese documento no era concluyente pues había tecnicismos jurídicos que debían reunirse todavía sobre el atentado, al día siguiente la prensa local difundió en grandes titulares el hecho y se reprodujeron declaraciones del gobernador, por cierto cargadas de ira y de advertencias. Se hizo escarnio del presidente de la CEDH. Hubo un nuevo linchamiento instrumentado por el gobierno.
El 2 de mayo, la prensa una vez más destaca a ocho columnas un documento de la CEDH, ahora rechazando presuntas violaciones a los derechos humanos de Nicolás Acero Nandayapa, cuyo arraigo fue levantado al día siguiente (03 de mayo) y consignado al penal de ""Cerro Hueco"".
El Gobierno Estatal orquestó siempre una feroz arremetida en la prensa en contra de la CEDH y de su presidente. Columnas políticas, editoriales, notas informativas, artículos de opinión, programas de radio y de televisión, en fin todo un andamiaje, fue enderezado para ese fin, en donde los insultos, las descalificaciones, la diatriba y la infamia fueron puestos al servicio del Estado con el único fin: obligar la salida del presidente de la CEDH y que ésta se convirtiera en patrimonio político del Gobierno Estatal. El pacto quedó atrás.
El procurador directamente amenazaba que por visitar a los presos el presidente o visitadores podían ser detenidos y arraigados.
Esto por ejemplo ocurrió el 7 de marzo de 2002, en el noticiero de televisión Cable 7, cuando el procurador general de Justicia del Estado de Chiapas, Mariano Herrán Salvatti, textualmente dijo: ""...ahora vamos analizar, a ver si no se ha constituido un delito, le preguntaremos al juez su concepto porque el quebranto del arraigo de una persona que no está autorizado sí pudiera constituir un delito, pero vamos analizarlo con todo detenimiento"".
Finalmente el 16 de agosto de 2004, con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a cargo del simulador José Luis Soberanes Fernández, el Congreso del Estado, sin garantía de audiencia destituyó al Ombudsman.
Soberanes causaba gracia: en la Ciudad de México era duro con sus señalamientos al presidente Vicente Fox quien toleraba la crítica, pero en los estados era servil con los gobernadores.
Ese día, el 16 de agosto de 2004, fueron detenidos la hija y el yerno de López Hernández, exigiéndoles que señalara en dónde se encontraba el ya ex comisionado porque existía la pretensión de detenerlo.
Se dio una persecución pretendiendo detenerlo el día 19 de noviembre de 2004, saliendo del estado, exiliado de la entidad durante más de cuatro años.
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