"Eran los tiempos del gobierno de Pablo Salazar. Ésta fue una nota publicada por este medio, recién arrancaba el mal llamado ""gobierno de la esperanza"":
Organismos gubernamentales y no gubernamentales defensores de los derechos humanos condenaron las amenazas de muerte del coordinador del gobierno César Chávez Castillo, en contra del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López Hernández.
Juan Alarcón Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Organismo Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos con sede en Chilpancingo, Guerrero, repudió el hecho y en primera instancia exhortó al gobierno chiapaneco para que evite caer en esos excesos.
Lamentó que en el siglo 21, en momentos en que se habla de cambio, todavía hayan resistencias entre quienes defienden las garantías de los mexicanos y los gobiernos.
Por su parte, David Ramos Hernández, presidente del Consejo Popular de Derechos Humanos de Chiapas, se mostró asombrado por el giro que ha dado el gobierno chiapaneco ante el trabajo de la CEDH a cuyo titular ha amenazado de muerte, cárcel y destierro, únicamente por cumplir con su labor. La trayectoria de López Hernández es a prueba de todo, dijo.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, por su lado, esquivo, evitó dar una opinión sobre el caso de amenazas argumentando no tener información en lo particular. Noé Pineda trasladó la solicitud de una entrevista a Michael Chambelin quien prefirió no responder y envió de nuevo a Pineda sólo para que contestara que el Centro carece de información, que conoce únicamente lo publicado en la prensa.
Por su parte, José Montero, abogado de ese mismo Centro Fray Bartolomé de Las Casas, accedió a dar una opinión personal.
--Me parece que el estado tiene la obligación de garantizar la integridad física del ombudsman y de investigar cualquier atentado que pudiera sufrir.
Montero añadió que el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández, es un abogado que destacó en la defensoría pública, que conoce la materia de derechos humanos.
--Difícilmente inventaría una acusación--, señaló Montero, con lo que dejó de manifiesto que cree en la palabra del ombudsman quien ha denunciado que se encuentra amenazado de muerte por el gobernador Pablo Salazar.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por su parte, a través de su portavoz, Gustavo Tafolla, respondió que analizaría el asunto para emitir una opinión, una vez que se le haga llegar lo publicado por la prensa chiapaneca.
(Hay que recordar, el entonces titular de la CNDH, José Luis Soberanes, gustaba de sentarse a la mesa con Mariano Herrán y con Pablo, de allí su postura esquiva.)
Por último, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, diputada Deisy Castillo Cruz, de extracción perredista, entrevistada telefónicamente sobre el caso de amenazas de muerte, pidió se le llamara más tarde. Dos horas después entregó su teléfono celular a otra persona quien argumentó que la -entonces- joven legisladora se encontraba atendiendo una llamada importante.
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