Tras la pasada problemática de los desplazados de Chalchihuitán se alertó que no sólo la integridad física y psicológica de los afectados corren riesgos, sino también la de los defensores de los derechos humanos, ya que los paramilitares toman a la protección de terceros como algo personal.
Así lo dio a conocer Diego Cadenas Gordillo, representante del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, indicando que desde la toma como asociación del caso del ejido Puebla, en Chenalhó, donde varias familias también fueron desplazadas padecieron de amenazas.
“Por hacer la denuncia de esta situación hemos recibido amenazas, porque los agresores piensan que nosotros tenemos algo en su contra, como si fuese algo personal contra ellos, sin embargo nuestra labor es sólo evidenciar y denunciar situaciones de violencia”, detalló.
Agregó, que la situación de vulnerabilidad en la integridad de familias indígenas, como de aquellos grupos organizados procedentes de contextos marginales, es causado por la irresponsabilidad y omisión del Estado mexicano, como de las autoridades correspondientes.
“Y peor aún, estas irregularidades fueron provocadas por la presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez, al menos en el caso territorial con Chalchihuitán, donde se dijo hubo una cooperación de todas las comunidades de Chenalhó para adquirir armas, esa información obtuvimos”, abundó.
En ese sentido dijo, que como autoridad ella es la responsable de lo que entra a su territorio y de que se eviten en cometer dichos delitos, porque si se tiene información se pide auxilio de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
