Las asociaciones políticas que aspiran a obtener el registro de partidos para el 2020, han cancelado sus reuniones municipales y distritales en 13 ocasiones, por esa razón se ha propuesto que si siguen con dichas irregularidades, tendrán que costear los costos que implica mover personal para la supervisión, puntualizó el presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Gilberto de Guzmán Bátiz García.
Aunque es una obligación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) asumir el costo que generan las asambleas, cuando éstos no se llevan a cabo de forma organizada o se suspenden de última hora, se genera un detrimento contra el Órgano Local.
Estas acciones de los grupos que tienen aspiraciones políticas, dijo, implican el despliegue de 13 personas, el gasto en viáticos y hasta la preparación de los materiales y actas que se desarrollan. Los Consejeros han pedido a las agrupaciones que, si van a realizar cancelaciones o reprogramaciones, las realicen con 48 horas de anticipación.
El Consejero Electoral mencionó que no pueden aplicar sanciones a las asociaciones por las asambleas que se cancelaron con anterioridad pero, si el Consejo General aprueba la solicitud, sí habían multas para dichos grupos.
En la actualidad son dos las asociaciones que buscan convertirse en partido político para el 2020; Pensemos en Chiapas, que optó por asambleas municipales (y deben hacer 83, pero apenas llevan 40); y la otra, Porque Creemos en Nosotros se fue por las asambleas distritales, tienen que hacerlas en 17 de los 24 Distritos, pero no han hecho ninguna.
El presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana comentó que el área administrativa del Instituto tiene el gasto total que realiza el IEPC con las cancelaciones de las asociaciones pero, si vienen más cancelaciones, serán las propias organizaciones las que tendrán cubrir los montos.
En la intervención que tuvo el consejero el pasado 29 de agosto en una sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, puntualizó que la propuesta es modificar el artículo 25 del reglamento para que, cuando se cancelen o no se lleven a cabo las asambleas, sea el área administrativa del Instituto la que determine el monto que tendrán que pagar las asociaciones.
Finalmente, dentro de las propuestas también se tiene contemplado que, después de tres precedentes, puedan venir sanciones jurídicas para los grupos que buscan convertirse en partidos políticos pero que, por mala organización o falta de personas, no realizan sus asambleas.
