Han pasado 59 años de que la Federación decretó una veda para el uso de aguas superficiales del río Grijalva, que impide a los habitantes de las comunidades cercanas, entre las que se encuentra Chiapas, utilizar sus aguas para diversas actividades, como la agrícola.
A pesar de que se han llevado a cabo reformas para liberar algunos tramos del Grijalva, la veda sigue vigente, por lo cual el Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta solicitará al Congreso de la Unión se derogue de manera total el decreto.
Alfredo Araujo Esquinca, presidente de este organismo, señaló que esta veda afecta a entidades como Chiapas, estado que tiene el 76 por ciento de la longitud de los ríos Grijalva y Usumacinta, “los más caudalosos del país”.
Pese a ello, un importante número de productores agrícolas están imposibilitados de obtener concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos.
Además de los efectos negativos que tiene esta veda para el sector agropecuario del estado, otro problema que ha generado esta prohibición de hace 59 años, son los altos costos que absorbe el gobierno al llevar agua potable a ciudades como Tuxtla Gutiérrez, debido a las restricciones que se tienen para el aprovechamiento absoluto de sus aguas.
“La veda sobre el río Grijalva es una paradoja, porque siendo de las entidades con el mayor porcentaje de recursos hídricos, con una disponibilidad de agua para fines de planeación de 155 mil kilómetros cúbicos, y un escurrimiento de 139 mil kilómetros cúbicos, no podemos hacer uso de ella”, dijo.
Recordó que esta veda se decretó por tiempo indefinido, con el objetivo de garantizar el abastecimiento a los distritos de riego de Tabasco, sin embargo actualmente esta entidad cuenta con recursos hídricos suficientes, por lo que la consideró obsoleta y perjudicial.
