El 23 de febrero de 2023, tres mujeres, una de ellas de nacionalidad canadiense, fueron víctimas de un ataque armado al descender de la montaña de Don Lauro, ubicada al sur de San Cristóbal. Después de recibir varios disparos de dos hombres, fueron auxiliadas por turistas que se encontraban en la zona. A casi tres años del ataque e iniciar un proceso legal, no han obtenido justicia.
En una conferencia de prensa, la asamblea Somos Fuegos Feminista, acompañadas de la abogada Marta Figueroa y dos de las sobrevivientes, denunciaron públicamente las múltiples violencias e irregularidades institucionales que han enfrentado, además de amenazas e intimidaciones de parte de la familia de los supuestos agresores, quienes, indicaron, tienen nexos con grupos criminales como “Los Motonetos”.
Dulce, una de las sobrevivientes, narró que después de los hechos y poder establecer comunicación con el 911, se les informó que la policía no asistiría, ya que en esa zona se rigen por “usos y costumbres” y que debían descender al periférico, sin embargo, al llegar, ninguna autoridad se presentó.
Fueron sus familiares quienes las trasladaron a la Fiscalía del Ministerio Público para denunciar los hechos.
Marta Figueroa, quien ha acompañado legalmente el caso, narró que poco después de lo sucedido el 23 de febrero, una de las víctimas reconoció a los agresores en una publicación de la fiscalía, que había informado en redes de la detención. “El 8 de marzo tuvieron que ir a identificarlos en las instalaciones que tiene la fiscalía en la Albarrada”, agregó.
Las dos víctimas mexicanas estuvieron desde la mañana hasta las 10 de la noche en las instalaciones, expuestas a los familiares de los presuntos agresores, quienes les llegaron a reclamar.
Mencionaron que la mamá de las víctimas también ha recibido agresiones, hecho por el que se ha abierto otra denuncia. La abogada indicó que, pese a las reiteradas peticiones, las autoridades se han negado a investigar el historial delictivo de los presuntos agresores.
Aun cuando se han denunciado las violaciones en el proceso ante el Órgano Interno de Control, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la resoluciones niegan las irregularidades. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos las denuncias siguen en proceso.
Informaron que el día 13 de enero tendrán su primera audiencia del año, en la que tienen expectativas por el perfil de la jueza, quien hace más de dos años aplicó la sentencia más alta para un feminicidio en Tuxtla Gutiérrez. También indicaron que, pese al hecho, el gobierno municipal no ha realizado ninguna acción de prevención en la montaña. “No hay señalamientos, no hay una alerta, no hay policías”, agregó la abogada.
