Faltan cinco días para las elecciones federales. A lo largo de los meses recientes las campanas se han caracterizado por una intensa competencia, una dureza a veces innecesaria entre contendientes y, en el fondo, la aspiración de la mayoría ciudadana de que el proceso del 2 de julio se encamine por los cauces de la paz social y la dignidad democrática.
Ciertamente, hay espacios geopolíticos que merecen la atención de todos nosotros, pero en particular de los tres niveles de gobierno del país: todos ellos responsables de que la nación se mantenga dentro de los márgenes del estado de Derecho antes y después de las elecciones.
Algunas de esas zonas políticas son, sin duda, el caso de Oaxaca, por el conflicto magisterial; el sector minero, por la pugna por el liderazgo; y Atenco, por los ilícitos de particulares y los abusos policiacos, entre otros.
Mientras que para la Secretaría de Gobernación estos tres espacios son focos rojos, el vocero presidencial lo niega. En todo caso, la advertencia es válida. Demanda atención, no pronostica desastre, sino que reclama cuidado. Eso es lo que se requiere en los tres casos senalados, localizados geográfica y sectorialmente, pero susceptibles de enconarse artificialmente.
La verdad es que el propio proceso electoral podría ser fuente de reacciones negativas, si no se mantuviera estrictamente dentro del marco de legalidad que se le ha dado, y que es merecedor de amplia confianza porque comprende la participación de todos los interesados -partidos, candidatos y ciudadanos-, tiene recursos que pagamos todos, opera de modo transparente y admite la presencia de observadores nacionales y extranjeros.
Aun así, insistimos, no está por demás que todos los actores políticos que participan en este proceso que tiene como aspiración que se consolide nuestra democracia, deberán actuar con seriedad, con rigor, sin amenazas de futuros desequilibrios si no resultaran victoriosos en la contienda y, sobre todo, deberán respetar la voluntad de una mayoría que decidirá el futuro de la nación en las urnas: algo que habíamos esperado durante muchos y anos y que finalmente estamos por conseguir definitivamente.
Por tanto, no sería conveniente para nadie que problemas surgidos por razones de reivindicación a problemas concretos se conviertan en fenómeno político amenazante.
No sería justo que problemas promovidos de forma voluntaria y que después se hubieran revertido a sus instigadores, sean parte de un proceso electoral en el que se está decidiendo el futuro de un país, no sólo de una u otra corriente política.
Deseamos ir a votar en paz. Es nuestro deber ciudadano. Para ello, el gobierno debe atemperar los problemas pendientes, porque esa es su obligación y porque así contribuye a fortalecer el clima de serenidad y de seguridad en el que las elecciones deben darse.
Focos, rojos o amarillos, deben desaparecer del tablero del mando nacional.
El gobierno tiene que resolver los conflictos por la vía del derecho y la razón; esa es su responsabilidad y esa es su aportación a la democracia mexicana. (El Universal)
