Ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó 214 casos de secuestros masivos de migrantes, 11 mil 333 víctimas solamente entre los meses de abril y septiembre de 2010. Es verdad, los delitos fueron cometidos por criminales, al parecer miembros de las mafias de la droga. En ese sentido, contra los delincuentes debe ir la condena; sin embargo, a meses ya de revelarse estos hechos -en escándalos de alcance internacional- las diversas autoridades involucradas están obligadas a presentar resultados lo antes posible.
Desde hace años ha sido denunciado el tema de los migrantes indocumentados vejados en México por el hampa. Trascendía en reportajes y estudios de organizaciones civiles, pero se quedaba sólo en eso. Fue con la matanza de 72 centroamericanos y sudamericanos en Tamaulipas, en diciembre pasado, que la atención del mundo entero se enfocó en el asunto.
Como resultado de esa tragedia, y otras posteriores, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras reclamaron justificadamente la protección de México a sus connacionales, de la misma forma como nosotros lo exigimos a Estados Unidos. La diferencia es que, contrariamente a la Unión Americana, en este país no depende de la voluntad del gobierno federal parar las acciones del crimen organizado. La cooperación de todas las instituciones es la única forma.
Debido a la complejidad del tema migratorio -que en México se combina con el de seguridad- es que conviene al Estado mexicano escuchar las recomendaciones de la CNDH a Gobernación, PGR, INM y Policía Federal, además de las secretarías y procuradurías de justicia estatales. Nadie mejor que esa instancia para proponer de forma específica cómo cada instancia puede aportar en la erradicación de la violencia contra los migrantes en suelo nacional.
Las medidas realizadas hasta la fecha, sobre todo la Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes que involucra a países centroamericanos, son un paso acertado hacia la corresponsabilidad, pero no deberían ser motivo de conformismo.
El gobierno federal, como cabeza del Estado mexicano, tiene el reto de involucrar a todas sus instancias sociales y de seguridad, a los países colindantes, a las administraciones estatales y también a los organismos autónomos como la CNDH y a esfuerzos ciudadanos como el del padre Alejandro Solalinde, defensor de indocumentados en México.
Únicamente una estrategia así de amplia será capaz de proteger de verdad a los migrantes. (El Universal)
