El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Mariano Azuela, abrió la posibilidad de que este altísimo tribunal investigue y esclarezca lo que realmente sucedió en Atenco y Texcoco, estado de México, los días 3 y 4 de mayo pasados, cuando, presumiblemente la policía atropelló gravemente los derechos fundamentales de un grupo de ciudadanos y, presumiblemente también, violó a 27 mujeres.
La decisión dependerá de la consistencia de las evidencias que en un plazo de 10 días hábiles, que termina el lunes 28, le entregue el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, y que sobre todo son testimonios, certificados médicos, fotografías e informaciones de prensa sobre lo acontecido.
La probable designación de una comisión investigadora del caso es inusitada porque la Suprema Corte investiga las violaciones a las garantías individuales constitucionales a petición del Presidente de la República, los gobernadores de las entidades federativas, el Senado o la Cámara de Diputados.
Los sucesos se desencadenaron cuando la policía pretendió remover de la vía pública a un grupo de comerciantes ambulantes y éstos resistieron con éxito el primer intento. El contingente policiaco volvió al día siguiente con refuerzos para concluir su operativo.
La primera impresión es que se excedió en sus funciones, pero el rigor legal exige que sea una investigación completa, imparcial y objetiva la que reconstruya lo ocurrido y lo fundamente con pruebas.
Por desgracia no es extrano que la fuerza pública aproveche su ventaja para castigar a quienes se le oponen. Si así sucedió esta vez, hay que probarlo jurídicamente. También conocemos maniobras de provocación que pudieron utilizar quienes habían sido exhortados a cumplir con procedimientos legales previamente advertidos.
Sin prejuicios y en un afán de justicia que merece toda nuestra atención, una comisión investigadora al servicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría llevar a cabo la tarea de deslinde de responsabilidades.
La defensa de los derechos humanos es una prioridad en estos días. Han sido tan bárbaros los atropellos contra la dignidad de las personas que la reacción fue la formulación de estrictas regulaciones para evitarlos o sancionarlos con severidad; con ese fin se integraron en nuestro país las comisiones nacional y estatales de derechos humanos.
Si la principal autora de las violaciones es la autoridad, es ella la que merece las mayores sanciones, porque al hacerlo actúa contrariando su función protectora y abusando de sus atributos.
Por eso resulta trascendendente la disposición de la Corte para averiguar lo sucedido en el estado de México. Eso va a otorgar fortaleza a nuestro estado de derecho, hoy tan amenazado.
Por supuesto, los incidentes en Texcoco y Atenco no son menores. Es indispensable que los mexicanos sepamos qué fue lo que ocurrió ahí, cuál es el alcance de su gravedad, no sólo física, sino también social y política y que quienes hubieran sido responsables, ya como instigadores o agresores, sean penalizados por la ley. (El Universal)
