María Vila Domínguez, consejera presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), aseguró que en lo que va del 2021 se han atendido 87 expedientes respectivos a violaciones a la normativa electoral, entre ellas una de las más recurrentes es la de actos anticipados de campaña y promoción personalizada.
La consejera agregó que en 2020 recibieron más de 150 denuncias, la mayoría sobre promoción personalizada de servidores públicos, actos anticipados de precampañas y campaña, así como violencia política de género.
Durante 2021, se tienen 87 expedientes, pero la consejera mencionó que dicho fenómeno se vuelve complejo debido a que existe una falta de regulación en redes sociales, que si bien por la pandemia se ha convertido en una vía en la que pretenden aspirar y promocionarse, deben hacerlo conforme a la ley.
“Las redes se han convertido en la vía de posicionamiento y visibilización de las y los ciudadanos que tienen aspiraciones, y se vale, pero hay que recordar los tiempos, es hasta el 21 de marzo en la que de manera formal se realizará el registro de candidaturas”, expresó.
Vila Domínguez expresó que se ha tenido un trabajo muy intenso, en el que han revisado a detenimiento los elementos para avanzar con cada procedimiento o en su caso desecharlo.
“En breve seguiremos con los asuntos que se vayan procesando, tratando de, con ello, sancionar a quienes han vulnerado la normativa electoral. Les pedimos que esperen los tiempos correspondientes destinados para ello, para no romper los equilibrios”, finalizó.
Más investigados
En sesión privada celebrada este viernes, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias informó sobre 11 expedientes por la probable comisión de delitos electorales.
El primer expediente se encuentra ubicado en Altamirano por la probable comisión de actos anticipados de campaña, por lo que se planteó el inicio del procedimiento y la implementación de la medida cautelar; en el segundo, ubicado en El Parral, fue por promoción personalizada y también se recomendó el inicio del procedimiento y la implementación de la medida cautelar.
El tercer caso fue en Jaltenango, señalado por violentar actos anticipados de campaña pero se planteó desechamiento, de la misma forma que los expedientes ubicados en Juárez, dos en Berriozábal, Suchiate y uno hacia un diputado local.
En el caso del expediente ubicado en Cacahoatán por violencia de género, se determinó incompetencia.
Por último, la Comisión Permanente planteó la resolución de un expediente ubicado en Tuxtla Gutiérrez por actos anticipados de campaña y otro por el mismo comicio del delito en Juárez.