Personas que obtuvieron a través de la compra la cesión de derechos de 19 espacios de placas de colectivos y taxis, son atendidos por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), quien se las otorgó a la sociedad cooperativa Corban de Chiapas.
Esta ha sido presidida en forma vitalicia por Beatriz Rivera Domínguez, que las comercializó y recibió el dinero pero hoy se niega a reconocerlo.
Los afectados mencionaron que la autoridad de la SMyT suspendió cualquier trámite correspondiente para ambas partes, tanto para el grupo que pagó a Beatriz Rivera y que al poseer los derechos pretenden cubrir los refrendos de las placas que físicamente tienen en su poder y meter a servicio nuevas unidades, como a la dirigente vitalicia que con triquiñuelas pretende recuperar derechos en esos espacios que vendió.
El martes el grupo de inconformes, entre los que se encuentran tres mujeres de la tercera edad, acudió a la delegación de Movilidad y Transporte de Tapachula donde ofreció una rueda de prensa para informar de la situación.
Reconoció que por parte de la autoridad ha habido atención e imparcialidad en apego a la ley y la aplicación de la justicia en torno al caso que enfrentan en contra de la lideresa.
Señaló que tienen confianza en que al final se dará la razón a quien le corresponde, porque el gobierno tiene la facultad de otorgar las concesiones y no permitirá injusticias.
Entre las declarantes se encuentra doña Hilda Vázquez Reyes, quien hizo referencia a que hace algunos años compró los derechos de un colectivo de la ruta Unidad Administrativa Centro a Beatriz Rivera Domínguez.
Dijo que pagó 800 mil pesos por la cesión que fue notariada, además de que entregó 325 mil pesos, porque le fue vendida la promesa de una nueva concesión en otra cooperativa que otorgaría el gobierno, pero no cumplió ni tampoco ha querido regresar el dinero.
