Julio César Rincón * CP. El Centro de Periodismo y Ética Pública atrajo el caso del comunicador Abenamar López, quien el pasado fin de semana fue agredido por un grupo de elementos policiales cuando cubría un desalojo en Chiapa de Corzo.
El organismo con presencia nacional documentará el hecho ante la opinión pública, esto en el marco de una serie de exigencias del gremio periodístico que clama garantías para desarrollar su trabajo en las 32 entidades del país. Abenamar López Palacios fue atacado por un Agente del Ministerio Público (MP) adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cuando cubría un desalojo en la zona limítrofe de Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo.
En esa ocasión el MP impidió violentamente el trabajo de los medios de comunicación que cubrían el evento sin haber una justificación a su abuso.
Se dice que este sujeto solicitó a los ministeriales someter al periodista de Cuarto Poder para que no tomara nota del caso.
A sabiendas que existían testimoniales fotográficas que lo delatarían como un funcionario arbitrario, optó por robar el equipo de trabajo del comunicador, con la ayuda de policías ministeriales. De esta manera el trabajador de esta casa editorial fue despojado de su teléfono celular, su cámara fotográfica y hasta de su billetera. Además fue obligado a no oponer resistencia. Sometido de espaldas se le amenazaba para que no volteara a ver, de lo contrario sería golpeado.
Más tarde el vocero de la PGJE devolvió a López Palacios sus objetos de valor, pero ya sin las evidencias fotográficas. Dos días después personal especializado de esta firma periodística logró recuperar las imágenes. Aunque el reportero presentó su denuncia en la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos Contra Periodistas, la dependencia no ha fichado a los responsables, pese a las evidencias fotográficas de los agresores. Se estima que la PGJE, en contubernio con funcionarios de esta misma institución, están protegiendo a los culpables, no obstante el fiscal Ignacio Soberano Velasco argumenta que se defiende al gremio periodístico en Chiapas.
Cabe destacar que tras este incidente, la Fiscalía y la PGJE vociferaron que se ha derogado la Ley Mordaza en Chiapas, sin embargo, tal justificación no tiene nada qué ver con la agresión de un reportero. Por el contrario, demuestra la mediocridad, negligencia e inoperancia de quienes están al frente de ese aparato.
