"Mientras el Senado de la República usa la televisión para ufanarse de las leyes que aprueba para proteger de la prostitución a los menores, la trata de personas se extiende en el Soconusco, alentada por el machismo y la corrupción.
Mujeres de 10 a 35 anos, mexicanas, centroamericanas, colombianas y cubanas, son contratadas como meseras, ficheras o prostitutas a cambio de dinero o de papeles migratorios.
Bandas de tratantes y de narcotraficantes manejan el inmundo negocio, toleradas por autoridades municipales, estatales y federales que son halagadas con servicios gratuitos y pagos en nómina.
En Tapachula hay mil 552 cantinas -cinco por casa escuela- con chicas, además de tugurios clandestinos, y como operadores hay taberneros, hoteleros, restauranteros, propietarios de banos públicos, taxistas y proxenetas en general, según estudios de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos y de otras fuentes.
Nueve localidades de la región son el asiento de la explotación abierta de más de 20 mil ninas y jóvenes, que llegan enganadas, inducidas o amenazadas.
Muchas cruzan la frontera, con o sin documentos, para trabajar como domésticas por 25 pesos diarios, y son corridas antes de recibir el primer pago por incompetencia o hurto, según sus patrones.
La vileza de los episodios evoca los abusos que padecen los mexicanos que buscan sobrevivir en otras tierras, y resulta vergonzoso verlos repetidos aquí por parte nuestra.
Esta situación se agrava día con día, lejos de haber sido mitigada por las proezas legislativas que los senadores presumen haber logrado.
Es ingenuo pretender que una buena ley -si la hubiera- es suficiente para resolver un problema criminal de la magnitud del que nos ocupa, y que ya podemos irnos a la cama y dormir sosegadamente.
El tráfico de personas y su explotación es un negocio rentable porque hay encubrimiento, tolerancia, omisión y debilidad de parte de las autoridades. Corrupción es la palabra.
El problema es más grave de lo que se denuncia porque hay ocultamiento de datos y de cifras, y porque todavía ni siquiera se ha destinado un área específica de gobierno para encararlo, a pesar del estruendo y la indignación causados por casos como el denunciado en el libro Los demonios del edén, de Lydia Cacho, que involucra a empresarios, políticos y funcionarios.
Juan Miguel Petit, relator de la ONU sobre venta de ninos, prostitución y pornografía infantil, sostiene que el comercio sexual de este tipo no es accidental, aislado o solitario, sino un flagelo mayor que ""no se arregla con penas más severas"", sino con la acción conjunta de Estado y sociedad, desde la educación sexual hasta la demolición de la cultura machista que acepta estas prácticas con naturalidad, no como delito.
Ni como pecado ni como moralmente indebido, pues el relajamiento de las costumbres sólo nos alarma cuando alcanza límites insospechados.
En este campo, como en otros, la clave del éxito se sustenta en la misma regla dorada: tolerancia cero. Es el mejor seguro contra la escalada criminal. (El Universal).
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