En Chiapas, hasta noviembre de este año, 316 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos, de los cuales solo el 47 por ciento tiene reporte de localización; el 85 % de las desapariciones está concentrada en niñas y mujeres adolescentes.
De acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas, las expresiones de violencia contra la niñez no se han detenido durante la contingencia por la pandemia, sino al contrario.
Por otro lado, la violencia machista ha cobrado la vida de ocho niñas y adolescentes víctimas de feminicidio, siendo la más pequeña de tan solo un año de edad.
El entorno social afectado por el impacto de la pandemia ha repercutido en la salud emocional de la niñez; los suicidios han incrementado casi al doble respecto al año pasado. Hasta agosto de 2020, 24 adolescentes entre 13 y 17 años fallecieron por esta causa, el año pasado la cifra fue de 14.
Según la organización, el 20 de noviembre se conmemora el aniversario de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, tratado internacional ratificado por México en 1990 que establece los derechos que los estados deben garantizar para el buen vivir de todas las niñas, niños y adolescentes.
Este año los avances en esta materia se han visto seriamente amenazados por los recortes presupuestales establecidos desde la Federación, la ausencia de políticas de Estado y por la pandemia del Covid-19, que agravó las condiciones ya existentes de desigualdad y pobreza.
De acuerdo con el Coneval, uno de los efectos de la pandemia ha sido la caída generalizada del cinco por ciento en el ingreso de las personas, lo que puede generar un crecimiento de la pobreza por ingresos de entre 7.2 y 7.9 por ciento en la pobreza urbana.
En Chiapas el 85.4 por ciento de la población infantil y adolescente es pobre por ingresos, lo que podría incrementarse a 92.6 y hasta 93.3 puntos porcentuales.
Este dato significa en términos concretos que nueve de cada 10 niñas, niños y adolescentes en el estado vivirán su infancia y adolescencia en pobreza o extrema pobreza.
La suspensión de clases presenciales y la estrategia educativa “Aprende en Casa” ha implicado que cientos de niños y adolescentes se hayan quedado sin escuela por la falta de acceso a internet, computadora o televisión, lo que conlleva un riesgo grave de deserción.
Por otro lado, con la pandemia muchos trabajadores se han quedado sin trabajo o han dejado de ayudar a su familia a generar dinero, lo que representa importantes restricciones en el acceso a la alimentación o la educación, principalmente.
La Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas remarcó que se requiere que el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes garantice y proteja los derechos de la niñez.
Asegura que este mecanismo sigue sin contar con una estructura ni presupuesto propio para operar, y el Anteproyecto del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado desde hace dos años, sigue sin publicarse.