En los países centroamericanos se está viviendo un clima de violencia que pone en riesgo la vida y la integridad de la población, lo que propicia el incremento de la migración, misma que a su vez se enfrenta a una “crisis humanitaria” por los altos grados de violaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades y del crimen organizado, advirtieron organismos de protección a esos grupos.
La Red Jesuita con Migrantes, los Comités de Familiares de Migrantes de El Salvador (Cofamide) y Honduras (Cofamipro), confirmaron “la existencia de una migración forzada y de flujos mixtos expulsados por razones económicas, pero sobre todo por las amenazas y violencia, agravadas por las crisis políticas en Guatemala, El Salvador y Honduras”.
Al término de una misión de investigación y denuncia que abarcó un recorrido desde Nicaragua hasta la frontera sur de México, José Luis González, Ursula Roldán y Alba Luz Martínez, representantes de esos organismos, y el director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Diego Llorente, advirtieron que el fenómeno ha aumentado en los últimos meses.
Establecieron que a pesar de que los migrantes no son criminales se les trata de esa forma por parte de las autoridades, pero además están expuestos a las acciones del crimen organizado y muchos sufren de violencia sexual, robos, asaltos, secuestros, extorsiones y hasta asesinatos.
Aparte de ello, indicaron que en el caso de México, menos de un 20 por ciento de las solicitudes de asilo presentadas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) son resueltas a favor de ellos y el resto prácticamente son expulsados y a su regreso a su país los exponen a ser asesinados.
“Vienen huyendo por salvar sus vidas y si son deportados los ponen en riesgo”, expusieron al tiempo de mencionar que también algunos casos tardan hasta casi un año en ser resueltos y durante ese tiempo permanecen retenidos en estaciones migratorias en condiciones lamentables y “sin haber cometido ningún delito”.
“En los centros de detención para migrantes (estaciones migratorias) de México, preocupan las condiciones de habitabilidad y el trato a las personas privadas de su libertad”.
