La presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, alertó que en el organismo local se han acumulado 153 asuntos vinculados a las irregularidades que están cometiendo los servidores públicos, 67 de ellos con promoción personalizada, pero también existen los que se vinculan a la violencia política en razón de género.
Entrevistada sobre el tema, consideró que las denuncias seguirán en aumento una vez que se acerque la fecha del inicio del proceso electoral, a pesar de los talleres, cursos e información que se ha compartido con los partidos políticos para frenar esta problemática.
Vila Domínguez comentó que el problema de promoción personalizada se extiende en toda la geografía chiapaneca y no existe un municipio que repunte más en este tema.
“Afortunadamente, cuando se han dictado las medidas cautelares, han sido cumplidas por los servidores públicos, sin embargo, las conductas ahí están”, dijo.
La consejera electoral explicó que la regla general viene delimitada por la Constitución federal y los criterios jurisdiccionales, en el sentido de que las propagandas institucionales o promociones gubernamentales tienen que priorizar las acciones que realiza una autoridad, no el nombre o las cualidades personales de un funcionario o servidor público.
Multan violencia política
Como dato, durante la sesión que realizaron los consejeros y consejeras ayer, se aprobó una multa de 434 mil pesos para el presidente y el tesorero en el municipio de Emiliano Zapata, denunciados por violencia política en razón de género, donde también se acordó que sean ingresados al Registro Nacional de Personas Sancionadas.
No obstante, todos los señalados tienen la oportunidad de acudir al Tribunal Electoral Local para manifestar su opinión en contra de las resoluciones que emita el IEPC; también tienen la oportunidad de llevar el asunto a los organismos federales.
El organismo local estaba facultado para aplicar multas a los servidores públicos, dependiendo de la irregularidad cometida; iba desde amonestaciones públicas hasta multas de mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), pero con la decisión de la Corte sobre la inconstitucionalidad de la Ley Electoral, el Código de Elecciones queda acéfalo debido a que no prevé sanciones.
Es decir, se le quita al IEPC la facultad de aplicar multas y sólo se queda con la oportunidad de mandar al Congreso las resoluciones o al superior jerárquico del servidor público que se trata, para que sean ellos quienes apliquen lo conducente.
