Los mexicanos, como muchos ciudadanos en democracias, empezamos a exigir que nuestro dinero se invierta bien y que quienes trabajan para nosotros nos rindan cuentas de sus gastos. A la naturaleza republicana de gobierno, surgida como representación popular, le corresponde moderar en los gastos, emolumentos y conductas de sus servidores públicos, en contraste con el boato y dispendio que era usual en las dinastías gobernantes del pasado reciente.
Imbuir esa ética política está en el meollo de las primeras medidas del presidente Felipe Calderón Hinojosa con un decreto de austeridad que, de momento, reduce en 10% su propio sueldo y el de altos mandos, así como de gastos de representación, teléfonos celulares, etcétera. El ahorro de 25 mil 500 millones de pesos equivale al presupuesto de todo el gabinete político, más otras tres secretarías.
La decisión es un primer paso concreto, pero aún si la sensibilidad del flamante Presidente es bienvenida, él mejor que nadie sabe como estudioso de la economía que las políticas de beneficencia alivian pero no curan. Puede darnos gusto no pagar el celular de un burócrata abusivo, y que ese dinero se destine al programa Oportunidades, pero no será eso, sino la generación de más empleos formales lo que realmente beneficie a los mexicanos.
Además de las disposiciones de austeridad -proclamadas sexenalmente casi sin excepción y sin éxito desde el presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1952-, la Secretaría de Salud anunció ya el seguro médico vitalicio para todos los ninos mexicanos nacidos a partir del viernes 1 de diciembre.
El ahorro es importante y proteger la salud de nuestros ninos también, pero sólo es el principio. Manana, el gobierno presentará a la Cámara de Diputados el llamado paquete económico para el 2007, que comprende los criterios generales de política económica y los proyectos de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, y Miscelánea Fiscal, y el jueves comparecerá el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para explicar pormenores.
Allí se expondrá toda la estrategia económica y financiera del presidente Calderón, que será considerada por los diputados, dispuestos también a escuchar opiniones de organizaciones civiles. El resultado será sometido finalmente al Senado.
Es decir, aunque las formalidades legislativas de la política económica inmediata tienen que ser aprobadas por ley este mes, y el tiempo es corto, la discusión parece totalmente abierta para que se hagan valer todas las argumentaciones para contribuir, de entrada, a la mejor redistribución de la riqueza, y para plantear las bases de una reforma fiscal moderna, que facilite una mayor y justa recaudación, termine con privilegios y provea de fondos suficientes para las necesidades nacionales básicas, pero también que se convierta en detonador de inversión productiva pública y privada, nacional e internacional.
Detrás de las complejidades técnicas, debe palpitar la convicción de aprovechar la renovación sexenal para edificar una sociedad equitativa y próspera, deseo que ningún compromiso globalizador tiene que limitar, sino al contrario. Que México recupere su espacio en una comunidad de naciones boyantes será benéfico para todos. (El Universal).
