“Ni los grupos arcoíris se han puesto de acuerdo en cuál es la exigencia para la autoadscripción calificada”, dijo la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, quien puso sobre la mesa los retos de suplantación que sufre la comunidad LGBTQ+ en el 4to. Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE 2026.
El pronunciamiento ocurrió en la mesa sobre retos rumbo al proceso electoral 2027. Ahí, la magistrada recordó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta casi 5 millones de personas mayores de 15 años que se autodenominan parte de la comunidad, el 5.1 por ciento de la población nacional.
Ese universo representa una oportunidad para los partidos, pero también un riesgo para la suplantación.
Ruiz Olvera explicó que las acciones afirmativas ya existen en todas las entidades desde 2024, pero su efectividad es desigual. Mientras Chiapas, Coahuila y Colima eligieron personas de la diversidad sexual, Nayarit y Querétaro no registraron ninguna. El problema de fondo, dijo, es la autoadscripción simple.
Recordó la sentencia emblemática del caso de los muxes, que validó la autoadscripción simple, pero advirtió sobre el fraude a la ley. A partir de ahí, los tribunales electorales han recibido juicios por usurpación. En Chiapas, precisó, hubo un asunto relacionado con esas prácticas.
Ante ese escenario, la magistrada planteó dos caminos. El primero es transitar hacia una autoadscripción calificada, con requisitos similares a los que se piden a la población indígena, como hojas de vida opcionales o planes de trabajo específicos.
El segundo es dejar las cosas como están, bajo el principio de buena fe y el respeto a la identidad y la libre proyección social. Este último, admitió, “nos ha llevado a donde estamos”.
La magistrada adelantó que estará atenta al proceso electoral 2027 para ver cuál es la solución que garantice la representación efectiva del grupo.
