El Universal * CP. Quizá México sea el país con la estructura pública de derechos humanos más grande del mundo: una comisión nacional, 30 locales y dos procuradurías a nivel estatal. Esta ha sido una de las apuestas del Estado mexicano para dejar atrás el autoritarismo.
Sin embargo, los resultados alcanzados todavía son insatisfactorios para un país con recurrentes abusos de autoridad. Es probable que tal desempeno se deba a que los gobiernos se inmiscuyen en la agenda de la mayoría de las comisiones, sobre todo en los estados. Su autonomía depende básicamente de cómo se elige a quienes dirigen esas instituciones.
En nueve estados hay una intervención directa de los gobernadores para elegir a los presidentes de las comisiones. Cuando la elección corre a cargo de los Congresos la situación es similar pero son los partidos con mayoría quienes buscan celebrar un nombramiento a modo. Ejemplos de lo que jamás debería ocurrir son las dos pasadas designaciones en la comisión de Veracruz: un director de la Policía Judicial y una ex secretaria de Gobierno; en tanto que en Oaxaca la comisión nunca se pronunció sobre el conflicto entre la APPO y Ulises Ruiz que dejó varios muertos tras de sí.
Varias organizaciones civiles critican a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no vigila que el gobierno y sus políticas estén apegadas a los derechos humanos. Responde su titular, José Luis Soberanes, recordando los senalamientos que recientemente ha hecho al Ejército mexicano. Hay que replicar, sin embargo, que estas denuncias comenzaron ano y medio después de iniciado el despliegue militar.
La credibilidad lo es todo para las comisiones de derechos humanos. Legisladores, gobiernos y ombudsman tienen que garantizar la autonomía de estas instancias si es que han de cumplir con su inaplazable misión.
