Durante los últimos meses, ante la movilización de cientos de migrantes en el sureste mexicano, el Instituto Nacional de Migración ha tenido un actuar arbitrario y discrecional en el traslado de trámites migratorios de miles de personas que se encuentran en la ciudad de Tapachula, afirmaron miembros del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.
Como parte del foro “Panorama de Derechos Humanos desde la frontera Sur de México 2021”, dijeron que estas acciones han propiciado mayor incertidumbre y tensión para las personas sobre sus procesos de solicitud de asilo y regularización migratoria, y han agravado las condiciones de precariedad y vulnerabilidad, así como diversas violencias y violaciones a derechos humanos.
Han documentado testimonios de personas que han sido trasladadas a otras ciudades del centro del país, que dicen que se les abandona sin ninguna asistencia por parte de las instituciones, porque no existe coordinación institucional que garantice la continuidad de sus procedimientos y trámites, y no cuentan con redes de apoyo a las que puedan recurrir.
Incluso, aseguraron, se les detiene en otros puntos del país, en estaciones migratorias y se les retiran las tarjetas de visitante por razones humanitarias. Estos hechos denotan la agudización de diversos procesos violatorios de los derechos humanos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.
