Después de los hechos registrados en el Proceso Electoral de 2018, en Chiapas las autoridades electorales están obligadas a dar la cara para generar soluciones para atender los posibles escenarios de simulación que se pudieran presentar sobre los derechos políticos electorales de la población indígena en los comicios de 2021.
Lo anterior, lo manifestó el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, durante el conversatorio titulado “Retos en la Participación Política Indígena, Autoadscripción Calificada y Acreditación del Vínculo Comunitario”.
Enfatizó que los derechos de representación política indígena son una realidad, están garantizados en la Constitución Política y se han valido a partir de los lineamientos y acuerdos a las autoridades electorales.
En el ámbito federal incluso se amplió el número de distritos indígenas, y en el local ya estaba establecido en ley.
Sin embargo, la ley local aprobada por el Legislativo fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el argumento de que no hubo una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas.
En el IEPC, dijo, están valorando qué hacer porque el compromiso irreductible con este principio constitucional se debe cuidar, pero se tiene que desarrollar la ruta para generarlo porque la resolución de la Corte lo deja un poco en el aire, ya que establece que la consulta tiene que llevarse a cabo en el año posterior al proceso electoral, aunque no habla de este (2021).
Se tiene que encontrar la ruta jurídica para no desproteger los derechos de representación política indígena, en este próximo proceso electoral.
Están explorando opciones, dialogando con los partidos políticos y con especialistas, pero sobre todo con los pueblos y comunidades indígenas.
Ello bajo el entendido que se tiene que hacer un lapso muy breve. Son prácticamente tres días que los partidos políticos presentan sus registros de candidaturas y que en el Consejo General (IEPC) se tiene que pronunciar, preguntando a quienes registren como candidatos en los distritos indígenas, si son originarios de ellos o no.
El consejero señaló que pareciera que hay criterios contradictorios entre lo que ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de avalar las facultades reglamentarias de la autoridad electoral.
