Al someterse a votación el dictamen por el que se autoriza a los Ayuntamientos de Chiapas contratar financiamientos con cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano, para el desarrollo de infraestructura en sus municipios, la diputada Patricia Mass Lazos dijo estar a favor, sin embargo, consideró que es deficiente, específicamente en lo que refiere a la vigilancia de la suscripción de contratos de crédito de los municipios.
A modo de ejemplo, mencionó que en San Cristóbal de Las Casas el cabildo aprobó la denominada firma única, un acto ilegal que permite que la presidenta municipal pueda comprometer el erario público sin la autorización previa de regidores, al suscribir diversos contratos para obra pública y otros.
Señaló que el Congreso en estricto cumplimiento del mecanismo de disciplina financiera previsto en la Constitución política mexicana, debe cerciorarse de que dicha suscripción de los créditos por parte de los Ayuntamientos se realice en términos previstos por la Ley de Desarrollo Constitucional, en materia de gobierno y administración municipal.
Añadió que el Poder Legislativo debe asumir las facultades de vigilancia que la Carta Magna le confiere, para evitar que los municipios se endeuden con créditos que no cuenten con la aprobación de su Ayuntamiento.
La diputada dijo que es probable que los financiamientos se realicen por parte de los presidentes municipales de manera arbitraria, amparados con la firma única, lo que reiteró es ilegal.
Por otra parte, el diputado Maya de León Villard consideró que cualquier crédito que soliciten los Ayuntamientos se convierte en automático en deuda pública, ya que los recursos con los que operan son públicos.
Enfatizó que el pueblo de Chiapas ha sido testigo del saqueo de los recursos públicos, de la mala administración y malas inversiones de municipios y gobiernos estatales anteriores.
“Ya tiene también una mala experiencia de endeudamientos impagables. Actualmente la deuda del estado se pagará a 20 años o quizá más.
La sociedad está cansada de que sus gobernantes pidan créditos para una cosa y hagan otra”.
Exhortó a los alcaldes a hacer buen uso de los recursos en caso de solicitar los créditos autorizados, “aunque lo mejor es que no lo hagan. Que se ajusten a los que tienen asignados”.
“Hay que tomar en cuenta que tienen que resolver otros pendientes, como laudos, deudas heredadas y otros aspectos, porque si piden nuevos créditos tendrán que pagar intereses”, dijo.
El legislador Emilio Salazar Farías, presidente de la Comisión de Hacienda, reiteró que los créditos autorizados se tratan de un anticipo que piden los municipios cada tres años, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que establece reglas muy claras en cuanto que obras se puede destinar el recurso. No se trata de un endeudamiento extraordinario.
“Estos no son para todos, además de ser opcional sólo aquellos que presenten proyectos que cumplan con todos los requisitos que establece la Secretaría de Hacienda, podrán recibir el recurso”.
