"El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad este viernes una reforma al Artículo 73 constitucional que traslada al fuero federal los delitos en contra de periodistas, la cual será base de una Ley Reglamentaria que proteja las garantías de quienes integran este gremio en el país.
Se informa además de una adición al dictamen que señala que las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexión con delitos federales o ""delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión e imprenta"".
Según el planteamiento, las palabras 'periodistas' e 'instalaciones de medios de comunicación' en el texto constitucional, obligan a la Procuraduría General de la República a intervenir en las investigaciones.
La reforma incluye como transitorios que una vez que el Senado avale la misma y la mayoría de los Congresos locales, en un plazo de hasta seis meses se realicen los cambios a las leyes secundarias que correspondan.
Hasta aquí los datos duros de la información generada ayer.
La modificación es positiva para el gremio porque el citado nivel de Gobierno obraría con mayor independencia y eficacia en la persecución de los delitos perpetrados en agravio de este sector.
Es cierto que todo esto es positivo, sin embargo es necesario hacer notar que en la persecución de los delitos que agravian a los ciudadanos, a la sociedad en su conjunto, existe un déficit que se traduce en impunidad para la delincuencia, y es en este sentido que hay un pendiente ya no sólo en la resolución de los homicidios de comunicadores, sino en general.
Frente a esta realidad, el que los delitos en que resulte afectada gente relacionada con medios de comunicación sean trasladados a una instancia cuyo Ministerio Público tiene un rostro diferente de años atrás, más profesional y pulcro, es un motivo de aliento, lo cual sigue siendo todavía una aspiración en algunos sitios del interior del país.
No obstante, esta modificación no inhibirá ni el homicidio obra del crimen organizado, ni tampoco la tentación autoritaria en ciertos estratos políticos.
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