En sesión extraordinaria, legisladoras y diputados de la LXVII Legislatura avalaron la integración de las personas que forman parte del Comité de Selección, cuya responsabilidad (sin ser políticos ni recibir salarios) será la de elegir al Consejo de Participación Ciudadana para la integración del Sistema Estatal Anticorrupción, cuya implementación comenzará en el 2020.
De esta forma, el resolutivo primero estableció que por parte de las instituciones de Educación Superior e Investigación fueron elegidas las siguientes personas: Omar David Jiménez Ojeda, Jorge Alberto Pascacio Bringas, Nimrod Michael Champo Sánchez y Mayte Palacios Morales.
Por parte de las organizaciones de la sociedad civil quedaron los siguientes: Jorge Antonio Orozco Zuarth, Néstor Gabriel López López y María de Lourdes Pérez Enríquez.
Fue la Comisión de Vigilancia del Congreso de Chiapas la que llevó a cabo todo el proceso y presentó las propuestas. Durante los dos minutos en que se llevó a cabo la votación, ningún integrante de la LXVII Legislatura se opuso a los dictámenes.
La diputada local Ana Laura Romero Basurto tomó la tribuna para abordar el tema, donde aseguró que el Sistema Estatal Anticorrupción busca impulsar la cultura de la honestidad para que se recupere la confianza en las instituciones y en los servidores públicos.
La presidenta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso comentó que los tres órdenes de gobierno trabajarán de forma conjunta para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, la fiscalización y el control de los recursos públicos.
Con estas acciones, dijo, se ha terminado con la deuda que se dejó desde el 2017 con la entidad, considerando que el proceso quedó pausado; por lo tanto, el Sistema para erradicar la corrupción no fue puesto en marcha.
“Es así como el 4 de julio iniciamos en este camino de emitir las convocatorias, con todo el empeño de seleccionar a los siete candidatos y candidatas con el mejor perfil para desempeñar este encargo”, enfatizó.
Finalmente, aclaró que las personas elegidas cuentan con los conocimientos necesarios en materia de fiscalización, combate a la corrupción y transparencia, para que no existan más las prácticas de malversación de recursos.
