Alejandra Rovelo, comisionada ejecutiva estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas (CEEAV), informó que hasta el momento se ha logrado revisar un 70 % de los mil 500 expedientes que ha recibido el organismo desde su creación.
Explicó que la evolución de la CEEAV se dio gracias a la Ley General de Víctimas que se creó en el 2013 y que posteriormente fue replicada por una Ley Modelo Espejo en Chiapas en 2015. No obstante, durante el presente sexenio se instauró dicha iniciativa y hoy forma parte del gabinete ampliado del Poder Ejecutivo, teniendo una autonomía presupuestaria y con decisión.
“En 2020 se crea administrativamente el órgano con este rezago de tener una ley del 2015 y empezamos a tratar todas las recomendaciones de derechos humanos y a localizar a las víctimas, sobre todo aquellas con situaciones de desplazamiento forzado, que en su mayoría son indígenas, mujeres y sobre todo las más vulnerables que requerían una atención inmediata. Entonces nos pusimos a trabajar y llevamos ya cuatro años hasta el momento”, externó.
Aldama y Chenalhó
La comisionada señaló que la primera atención fue para las víctimas del conflicto entre Aldama y Chenalhó, lo cual ha resultado complejo. Sin embargo, existían más de mil 500 expedientes pendientes.
“Antes existía una dependencia llamada Provictima e incluso la fiscalía tiene una oficina dedicada a dicho trabajo, pero la ley requiere una comisión ejecutiva de atención a víctimas que coordine el sistema estatal y repare el daño”.
Por tanto, la recesión de expedientes se debió a dicha ausencia de la institución. Rovelo destacó que dichos expedientes no han disminuido hasta el día de hoy, debido a que cada día empiezan a llegar más víctimas.
“Llevamos un porcentaje del 70 % de los expedientes atendidos, no solamente en cuanto a la atención, sino en cuanto a reparaciones, que digamos que es mayúsculo si lo ves a tres, cuatro años de ejercicio. Esto no quiere decir, digámoslo así, que las víctimas hayan cesado o que no tenga víctimas porque diariamente pues ocurre un ilícito, un delito”, aclaró.
Para finalizar, la comisionada recordó que para ser considerada una víctima, las comisiones de derechos humanos tienen que emitir una recomendación y posteriormente debe ser aceptada por un ente gubernamental.
“Tenemos muy pocas recomendaciones que no han sido aceptadas y aun así el procedimiento podría ser de impugnación ante una comisión nacional que atrae los temas y declara una recomendación nacional. Nos pasa generalmente”, finalizó.