La consejera presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública del estado de Chiapas (IAIP), Ana Elisa López Coello, entregó al secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, la propuesta de homologación de la Ley local de Chiapas con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada y enriquecida por el pleno del IAIP.
En este instrumento se consolidan aspectos como Gobierno Abierto, Transparencia Proactiva, Obligaciones de Transparencia Comunes y Específicas, Plataforma Nacional de Transparencia y Procedimientos para la Sustanciación de los Recursos de Revisión y para la implementación de medidas de apremio y sanciones a los Sujetos Obligados que incumplan la Ley, entre otros.
Dicho documento ya fue entregado también al Congreso del estado, a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La consejera presidenta del IAIP señaló que esta propuesta es una aportación que busca enriquecer los trabajos legislativos que se están realizando en el estado sobre el tema, ya que, recordó, a más tardar el próximo 5 de mayo se debe armonizar las leyes de la Federación y de todas las entidades federativas con la ley general.
Agregó que las obligaciones de transparencia hasta el día de hoy sumaban 20 y que con esta armonización aumentarán significativamente a cerca de 60, dependiendo del Sujeto Obligado.
López Coello añadió que el organismo garante local que dirige, prevé crear una Dirección de Verificación para monitorear el cumplimiento de la ley por parte de los Sujetos Obligados del estado, que antes eran aproximadamente 200 y se estima aumentarán a más de 400, entre ellos partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, Ayuntamientos municipales, los tres poderes del estado y sus dependencias y entidades, así como los órganos autónomos (IEPC, CEDH, PGJE, TEECh, Unach, Unicach y el propio IAIP).
Finalmente, López Coello indicó que el IAIP propone que se abrogue la ley vigente y se dé lugar a la emisión de una nueva ley en la materia, puesto que reformar la actual implica una cirugía mayor o a gran escala, sumado al hecho de que tal cuerpo normativo ya ha sido reformado en múltiples ocasiones y viene arrastrando una serie de características que le restan competitividad frente a las leyes de otros estados.
