En Chiapas, los Planes de Justicia impulsados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se han concentrado en el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho público y en el fortalecimiento de sus territorios.
De acuerdo con datos del instituto, esta estrategia ha permitido que los proyectos no sólo atiendan problemáticas históricas, sino que también impulsen la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas en distintas regiones del estado.
Uno de los ejemplos se encuentra en la región Lacandona, donde desde 2024 se implementa un proceso de regularización de la tenencia de la tierra en los Bienes Comunales.
Este esfuerzo cuenta con una inversión superior a los 680 mil pesos, orientada a brindar certeza jurídica sobre el territorio a las comunidades.
En la frontera sur, los pueblos Chuj y Akateko han sido incluidos en planes de justicia y desarrollo integral que buscan reconocer sus derechos agrarios y fortalecer su identidad cultural.
Dinámicas sociales y territoriales
Estas acciones responden a su carácter de pueblos transfronterizos, cuyas dinámicas sociales y territoriales rebasan los límites nacionales.
En las regiones Altos y Selva, a través del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, se han financiado proyectos enfocados en la autonomía indígena, el fortalecimiento de sistemas normativos propios y la construcción de infraestructura básica.
Estas iniciativas, según el INPI, buscan consolidar formas de organización comunitaria que permitan a los pueblos ejercer sus derechos de manera efectiva.
