Habitantes de la comunidad La Soledad, en el municipio de Cacahoatán, denuncian públicamente la operación de un basurero ilegal a cielo abierto, presuntamente creado y utilizado por la misma administración municipal que encabeza el alcalde Víctor Pérez Saldaña, quien irónicamente es militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El tiradero, según testimonios, recibe más de 30 toneladas diarias de residuos sin ningún tratamiento, y se ha convertido en una grave contaminación para el medio ambiente y la salud pública en la zona.
Vertedero
De acuerdo a los vecinos, este sitio no solo recibe desechos de Cacahoatán, sino supuestamente también del municipio de Unión Juárez y de otros ejidos aledaños, lo que agrava el impacto negativo al medio ambiente de dicha región.
El basurero se encuentra en las inmediaciones de la colonia La Unidad, y sus lixiviados estarían afectando directamente al río Cahoacán, uno de los afluentes más importantes de la región.
La problemática de contaminación impacta a decenas de comunidades rurales río abajo, ya que cientos de familias utilizan el agua para consumo diario.
Afectados
“Nosotros vemos esa contaminación pero como somos personas humildes, sin estudios, no nos hacen caso, nosotros aquí solo venimos a recoger las botellas de plástico”, expresó Rafael Zavaleta, vecino de la zona afectada.
El hecho ha generado indignación entre la población, especialmente porque el actual presidente municipal es señalado como el principal responsable de permitir y facilitar la existencia del basurero, en una clara contradicción con los principios ambientales que promueve su instituto político.
Clausuran el basurero
Los colonos aseguran que hace aproximadamente quince días el basurero fue clausurado por autoridades ambientales. Sin embargo, denuncian que, lejos de cesar la práctica, el Ayuntamiento de Cacahoatán simplemente trasladó la disposición de residuos a otro punto cercano dentro del mismo territorio comunal, continuando con el daño ecológico.
Ante la falta de respuesta, los afectados han elevado su denuncia a instancias federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), solicitando su urgente intervención para frenar esta actividad que amenaza los ecosistemas locales y el acceso a agua limpia para miles de personas.
La situación ha despertado preocupación en otras comunidades, como San Antonio y diversas fincas de la zona, que temen por los efectos a largo plazo de esta problemática. Por ahora, la población exige transparencia, una solución definitiva y la rendición de cuentas por parte de las autoridades municipales.
