Frente a la efervescencia política y el inicio de un proselitismo descarado e ilegal de parte de quienes aspiran a contender por una candidatura que les permita ocupar un puesto de elección popular, comienzan a fluir las denuncias en contra de quienes ostentan un cargo en el servicio público, por el uso indebido de proyectos o acciones de gobierno para favorecer aspiraciones políticas y personales.
Recientemente han comenzado con la entrega de proyectos productivos de parte del Ayuntamiento de este municipio, a través de la Coordinación de Fomento Agropecuario, el caso más reciente fue en Barrio Nuevo de Ocosingo, en donde ese departamento hizo entrega de bombas aspersoras y en otros barrios que hoy padecen la falta de agua, con suministro del vital líquido a través de pipas de distribución.
En ambos casos se asegura que por instrucciones de Héctor Albores Cruz, alcalde en turno de Ocosingo, el objetivo es fortalecer la imagen del contralor interno del Ayuntamiento, Jesús Oropeza Nájera, y para ello se ha sumado el delegado de la Secretaría del Campo, Víctor Ordóñez Penagos, quien con el programa de Maíz Solidario, resultado de la mezcla de recursos, participa de manera activa.
Las denuncias han comenzado a fluir por diversos medios, ya que un funcionario menor como lo es el contralor municipal y con la autorización o tolerancia del alcalde en turno, ha comenzado a utilizar los programas y proyectos institucionales a su favor y con la intención de manejar su imagen con intenciones de lograr la candidatura a la alcaldía, cuando relativamente es un individuo totalmente desconocido.
A esta campaña aparece Ofelia Vanesa Rincón Santos con una supuesta agrupación denominada “Organización con Valores para la Reconstrucción Social” que solo lleva las iniciales de su nombre, ya que no se le conocen principios, valores, solvencia moral o trabajo en beneficio de la sociedad, pero en vísperas del proceso electoral se viene a sumar al proselitismo de Oropeza Nájera.
En este y todos los casos denunciados, los diversos sectores de la población exigen la intervención de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, considerando que actualmente son denuncias públicas que deben ser analizadas e investigadas a fondo y comprobar en realidad los actos anticipados que con recursos públicos realizan aspirantes a candidaturas para ocupar un puesto de elección popular.
