Llegar al extremo de que los jueces tengan que ser blindados para garantizar su seguridad personal, que es decir su propia vida, es verdaderamente grotesco y lamentable en nuestro país.
Y sin embargo, por el momento tiene que ser así. Con prepotencia, los delincuentes mayores pretenden hacerse intocables buscando dar muerte a los jueces que los condenan, por ejemplo, apenas el jueves 17 de agosto pasado, el juez René Hilario Nieto Contreras, que había impedido la liberación del hijo de un narcotraficante y tomado resoluciones en contra del dirigente de un cártel, fue asesinado.
El mensaje no deja lugar a dudas: juez que cumpla con su deber, se juega la vida.
La reacción de la Procuraduría General de la República, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, fue ordenar a la Policía Federal Preventiva medidas extraordinarias de protección contra los 30 jueces y magistrados que tienen en sus manos expedientes de narcotraficantes para resolver sobre los mismos.
Es lo conducente, es cierto. Pero lo lamentable es que nadie hubiera previsto que esto tuviera que ocurrir como pasa en otros países en donde la violencia extrema ha obligado a tomar medidas preventivas, asimismo extremas, y que aquí tuvo que ser asesinado un juez para iniciar, apenas, la protección.
Los delincuentes tienen estrategias salvajes para procurarse impunidad. Matan a policías, soldados y funcionarios judiciales para que no los persigan por el negocio del crimen, que suma miles de millones de pesos al ano, pero que no alcanzan a doblegar a quienes cumplen con su profesión con dignidad y valentía.
Acribillan a los jueces porque el brazo de la justicia difícilmente los alcanzará, pues actúan bajo una sombrilla de ineficiencia o hasta de corrupción en muchos casos. El poder de sus armas de fuego es mayor que el de las fuerzas que los combaten y las persuasivas artes de la intimidación de que disponen suelen ser incontenibles.
La sociedad está de parte de la ley, y confía en que los representantes de la misma, los jueces en este caso, reciban la protección necesaria para que puedan desempenar su peligrosa tarea con razonable tranquilidad. De otro modo no podríamos exigirles imparcialidad, objetividad, autonomía y eficacia.
Es indispensable que quienes los agreden aprendan que no podrán usar la violencia contra un juez y que, cuando lo logren, serán perseguidos, capturados y severamente sancionados con penalizaciones mayores a las de otros delitos similares, como ocurre en otras naciones. Ese debe ser el objetivo. De otra manera las autoridades serán responsables de los atentados que sufran quienes administran la justicia en este país.
El punto central del problema es todavía la impunidad. Cuando los criminales aprendan que ésta se acabó, se abatirán sus desmanes.
Nuestro sistema de justicia debe estar alerta no sólo en la persecución de los criminales externos, sino también deberá hurgar en sus propias entranas para detener toda aquella ayuda que dane tanto a la persecución de la justicia como a quienes honestamente buscan llevar a cabo su tarea.
El trabajo es arduo, pero indispensable para el bien de todos. (El Universal)
