De acuerdo con el presidente en Chiapas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Manuel Pardo Pastrana, es indispensable que las autoridades estatales apliquen el Estado de derecho en municipios como Venustiano Carranza, Oxchuc, Pantelhó, Ocosingo y otras zonas, debido a que los conflictos sociales generan preocupación entre las empresas y trabajadores que se encargan de la entrega de mercancía, productos o artículos.
El detalle, remarcó, es que los colaboradores no saben en qué momento serán retenidos o extorsionados para que puedan salir de esos lugares o, en otros casos, son asaltados y les quitan las cargas que llevan.
En varias reuniones que se han tenido con las instituciones locales, puntualizó, la respuesta ha sido que todo se resolverá con diálogo, sin embargo, el empresario expuso que este concepto tiene un tiempo, un inicio y un fin. Es decir, si después de platicar con los grupos inconformes y la situación no se resuelve y la autoridad insiste en firmar minutas, los problemas van a continuar.
Con relación al reciente decreto que entró en vigor y que contempla hasta siete años de cárcel y multas económicas por el orden de 48 mil pesos para quienes bloqueen las vías de comunicación, mencionó que todo está en la voluntad de las autoridades para hacer valer la ley, de lo contrario, los cambios que se hagan no tendrán un resultado positivo.
Es importante insistir, remarcó, en que se aplique el Estado de derecho no sólo en este tema, sino también en las invasiones y aquellos acontecimientos que afecten el transitar de la ciudadanía, de lo contrario, si se hacen ajustes que sólo se guardan en un libro serán letra muerta.
Pardo Pastrana comentó que es bueno el ajuste hecho a la Ley de Vías Generales de Comunicación, pero se tiene que hacer efectivo. Hasta ahora, remarcó la delegación de la Coparmex, es difícil cuantificar el daño económico que han provocado los conflictos sociales.
