El año pasado una organización transportista se movilizó en diversos puntos de Chiapas, afectando el libre tránsito en carreteras en demanda de que el Gobierno Federal le permitiera mantener en circulación unidades de carga y pasaje de modelos atrasados, y además, que cesaran los aumentos mensuales a la gasolina y el diesel.
Las afectaciones se registraron en carreteras de todo el país al tener esa organización afiliados en diversos estados. Ahora, en días pasados, ha emprendido una nueva jornada de bloqueos y plantones. Ante las primeras afectaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respondió a este grupo que tales acciones están fuera de lugar al corresponder a temas que ya fueron atendidos o que son ajenos al marco regulador.
La Secretaría de Comunicaciones explicó que la circulación de vehículos viejos se sujeta al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares que establece un máximo de 15 años para los automotores de autotransporte de pasajeros, por ello no se puede extender permisos o placas a unidades de mayor antigüedad. Aplicar la corresponsabilidad al dueño de la carga, es decir, sancionar tanto al transportista como al usuario por violaciones al peso, es otro asunto que se encuentra contemplado en la norma de pesos y dimensiones. Y en cuanto al asunto de los combustibles, ha sido avalado por el Congreso de la Unión.
No obstante, a la sociedad en general poco interesan las razones y demandas que está planteando dicha Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, y como se planteó ya aquí en su oportunidad, coincide totalmente con la Secretaría de Comunicaciones cuando hace un llamado a dicho gremio para que se conduzca con apego a derecho y se abstenga de afectar a terceros.
En la movilización pasada en Chiapas afectaron las regiones Altos, Centro, Norte y Selva, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Teopisca, Palenque, Ocosingo, Altamirano, Comitán, Las Margaritas, Trinitaria, Comalapa, Tapachula, entre otros, y en esta última del mes pasado, en diversos puntos carreteros, lo cual no debe seguir sucediendo. El Gobierno Federal debe hacer valer la ley y no permitir que impunemente se obligue a los usuarios de las vías federales a perder dinero y tiempo.
No es la actividad la que debe amoldarse a la capacidad del prestador de servicios, por el contrario, éste debe cumplir todos y cada uno de los requisitos de ley si pretende desempeñarse. Lo que está haciendo en particular este grupo que ayer afectaba a la ciudadanía en general para hacer valer peticiones que menoscaban la seguridad y que ahora las ha cambiado por otras en contra de compañías igualmente transportistas, es ilegal, y lejos de atraer apoyo a su causa provoca el repudio de la sociedad en general.
