Una investigación realizada por El Universal constata la dolorosa realidad que viven muchas mujeres en todo el país, víctimas de la violencia de sus esposos y parientes, hombres en general, que abusan de su mayor fuerza y mayor agresividad para someterlas, humillarlas, golpearlas, ultrajarlas sexualmente y hasta asesinarlas, en muchas ocasiones no sólo con impunidad, sino hasta con desconocimiento de sus amigos y familias. La inexplicable y permanente sucesión de crímenes de jóvenes obreras en Ciudad Juárez es una muestra insolente de la soberbia de los maleantes y de la incompetencia profesional de los encargados de las pesquisas, o de algo peor, que linda con la sospecha de solapamiento, corrupción o impotencia. A pesar de tener los reflectores encima durante distintas administraciones locales, estatales y a nivel federal, y de la publicación de reportajes y libros sobre el caso, los asesinatos no sólo no han sido esclarecidos, sino que continúan.
Y ahora nos enfrentamos con la noticia de que en muchas otras ciudades del país ocurren crímenes similares o peores. En siete estados, además de Chihuahua (36), 113 mujeres fueron asesinadas este ano por sus maridos, novios, amantes, amigos o concubinos: 40 en Sinaloa, 29 en Guanajuato, 18 en Baja California, 16 en Zacatecas y 10 en Durango. Los feminicidas están cautivos en su patológico papel de macho intolerante, autoritario, prepotente, en tanto que muchas de las mujeres no tienen conciencia de su condición de víctimas y llegan a creer que son sometidas a correctivos disciplinarios merecidos.
Algunas autoridades insisten en buscar otras causas de las muertes, más allá de las obvias. Venganzas entre delincuentes, narcotráfico, accidentes, crímenes por otras causas, pleitos entre parejas, pero la Red de Mujeres Activistas de Durango tiene un recuento de 74 mujeres asesinadas en los últimos ocho anos, y no descarta que algunos crímenes puedan ser dispuestos de manera que los verdaderos móviles parezcan otros, para confundir a los investigadores. La autoridad tiene limitaciones evidentes para actuar cuando no se tienen denuncias ni testimonios ni antecedentes de lo que pasa detrás de las paredes de una casa. En buena medida, el problema es cultural. Víctima y victimario desempenan un papel que han visto representar por generaciones en sus familias. Cuando el crimen ocurre, lo único que resta es someter al culpable a una penalidad del tamano del delito.
Así, gobierno y sociedad fallamos no sólo en propiciar una vida digna, libre de violencia para cientos de mujeres, sino hasta en permitirle vivir. Hay mucho camino por andar en este escenario. La educación, el desarrollo personal amplio, los medios de comunicación, las iglesias, los grupos y organismos interesados en la mujer, el ejemplo cotidiano, todos podemos aportar algo útil en la consecución de un fin que constituya una convivencia honorable, respetuosa y de mutuo aliento en las parejas.
Es deber ciudadano denunciar los casos de abuso de género, si no es posible ante la autoridad, por lo menos ante las organizaciones e institutos preocupados por la situación de la mujer.
La violencia de género no es tema exclusivo del mundo en desarrollo. Se da y se publicita en los grandes países desarrollados. En México, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados cree que una fiscalía especializada en este tipo de crímenes puede ser un buen principio para ayudar a esclarecerlos y desalentarlos.
Las rivalidades partidistas e ideológicas se han interpuesto en el avance de muchas medidas para atender estas cuestiones.
Ha llegado la hora de superar las diferencias particulares y asumir la responsabilidad principal con los intereses comunes. (El Universal).
