" La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, ha contraído un compromiso muy superior a sus fuerzas con los trabajadores mexicanos emigrantes.
Como corresponde a sus deberes, la canciller convocó a embajadores y cónsules a dar una eficaz defensa de los migrantes radicados en el extranjero, en especial en Estados Unidos.
En ese país hay aproximadamente doce millones de mexicanos -6 millones de los cuales carecen de visa- que marcharon al norte en busca de empleo y de mejores condiciones de vida.
Casi medio centenar de oficinas consulares no basta para atenderlos.
Estados Unidos emplea a los trabajadores mexicanos, pero se resiste a regularizar su ingreso al país de modo que puedan recibir los salarios, prestaciones y demás derechos inherentes a su condición.
Tal actitud evita que Estados Unidos, en tiempos de preocupación por su seguridad, tenga un registro amplio de la situación migratoria de sus habitantes.
El tema de los trabajadores migratorios es políticamente prioritario para muchos estadounidenses, y calienta la retórica de la campana presidencial.
El problema ha sido reducido al ámbito doméstico y cualquier otra pretensión es rechazada como intromisión. En ese marco parece difícil que la canciller pueda cumplir con sus compromisos sin chocar con un sector de la sociedad estadounidense y crear o incrementar corrientes negativas a los indocumentados. Se necesita en realidad una cuidadosa acción política aunque no sea espectacular...
Aprovechemos el interés contra el tráfico de armas
El tráfico de armas sí justifica la intromisión en la política estadounidense. Es un asunto de seguridad nacional para México que nos brinda más argumentos de presión que un tema migratorio sin posibilidades reales de fructificar en lo inmediato, menos aún en pleno periodo de campana demócrata y republicana.
Al menos en cuanto al discurso la presión ya surtió efecto; luego de la insistencia de la administración de Calderón sobre el tema, el entonces procurador de EU, Alberto Gonzales, reconoció desde mediados de 2007 que por el tráfico de armas ""está amenazada la seguridad"" de ambas naciones, como ratifica un reporte al Senado estadounidense. Parece abrirse una oportunidad para construir una cooperación binacional que combata un problema cuyo origen es en 90% estadounidense y que se mantiene intocado. Cuando menos un control más férreo de la frontera elevaría los costos de adquisición de armas para el crimen organizado, efecto nada despreciable si asumimos que los precios de varias drogas también han aumentado producto de la acción militar contra el narcotráfico. Siempre se ha dicho que a los delincuentes hay que pegarles donde más les duele: en el bolsillo.
No perdamos el tiempo en criticar a los políticos estadounidenses por controles migratorios que van a implementar con o sin reclamos mexicanos. Aprovechemos la coyuntura para blindar el paso de norte a sur de armas capaces incluso de hacer frente a nuestro Ejército.
Apenas ayer tuvimos un ejemplo más cuando agentes federales y militares se enfrentaron en Tamaulipas con criminales portadores de armas largas. Tres policías y cinco militares lesionados resultaron de la balacera; no hacen falta más incentivos para ninguna de las partes. (El Universal)
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