El Buró de Crédito fue con razón, pensado como un instrumento de protección al comercio y a las empresas que brindan el invaluable servicio de crédito. Un consumidor que incumple su responsabilidad de liquidar el cien por ciento de su adeudo, tarde o temprano verá manchado su historial.
Sin embargo han sido señalados ciertos abusos por parte de pequeños despachos de cobranza que utilizan esta valiosa herramienta para sacar provecho ilícito.
Estos grupos de abogados incriben en el Buró de Crédito, por supuestos adeudos, pese a que el crédito ya fue liquidado en su totalidad. Así, un usuario que ha cumplido con su responsabilidad un buen día descubre que fue inscrito en el Buró.
No obstante, el mismo sistema mercantil reivindica a usuarios que han sido indebidamente enlistados, ya que por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez un usuario de crédito en Buró por 500 pesos ha logrado ser sujeto de confianza por parte de una concesionaria de automóviles, tras el estudio de rigor, con una línea de crédito de 450 mil pesos.
Es así que el Buró, por artificial y mal utilizado, hoy dejó de ser un mecanismo de exclusión definitivo al no responder a criterios de sanidad financiera, y por el contrario, al haberse convertido en factor de abuso por parte de grupos de abogados que han hecho de la cobranza un fraude al mismo sistema económico.
La empresa que concedió el crédito sabía que no estaba arriesgando su dinero al extender una línea de crédito en esta situación, además sabía que la presencia del cliente en el Buró no obedecía a razones de protección al mercado, sino a un perverso criterio de un grupo de terceros intermediarios que vienen haciendo un peligroso trabajo de destrucción al comercio.
Ante casos como éstos, sería sano que la Comisión Nacional para la Protección a Usuarios de Servicios Financieros en coordinación con autoridades de la Secretaría de Hacienda, intervengan en contra de los intermediarios que al actuar como comisionistas forzosos no sólo cargan la cadena hasta el consumidor final sino que inhiben el comercio y su buena marcha.
La conducta de las entidades comerciales, por otra parte, debe atender criterios éticos en busca de la salud del mercado y no abusar del consumidor, como en algunos casos, ya que de otra manera se estaría atentando contra el fundamento de la economía que es el sano consumo que tanto se busca incentivar por el bien de todos.
