El Congreso del Estado analiza actualmente una iniciativa de ley para regular las operaciones inmobiliarias en la entidad, que busca establecer que los agentes inmobiliarios deban contar con una licencia; además de sanciones a quienes incumplan dicha normatividad que van desde amonestación, multa y hasta la cancelación de la licencia.
Se contempla también la creación de un registro estatal de agentes inmobiliarios, que servirá para dar seguimiento y evaluación sobre los prestadores del servicio que intervengan como intermediarios en las operaciones inmobiliarias.
Asimismo, considera un registro estatal de agentes, mismo que será operado por la Secretaría de Bienestar a través de la Promotora de Vivienda Chiapas, a fin de que cualquier persona pueda solicitar y obtener información respecto de los mismos.
De acuerdo a la iniciativa, la falta de regulación en la intermediación inmobiliaria produce que las operaciones se realicen sin un criterio fijo y contradictorio, no logrando la claridad y equilibrio contractual pretendido entre el agente inmobiliario e intermediario, y que constituye la mayor garantía de los derechos de unos y otros.
En la actualidad resulta arriesgado buscar o negociar el alquiler o la compra de un inmueble desde el exterior. La misma inseguridad existe incluso cuando como propietario de un inmueble, se encarga a un agente inmobiliario que venda, arrenda o administre un inmueble.
Se han dado casos en los que los agentes engañando o dando información errada al propietario, respecto al monto por el que podrían vender el inmueble, lograban que este vendiera en un precio subvaluado.
Menciona que en los últimos años se ha visto un crecimiento acelerado de la población en el estado, lo que sin duda ha propiciado una demanda continua de predios para la construcción de viviendas, venta o renta de casas, departamentos, locales comerciales, bodegas, edificios, parques industriales, terrenos forestales o agrícolas, entre otros.
Como resultado de lo anterior se han establecido dentro del estado empresas prestadoras de servicios de consultoría o intermediación en materia inmobiliaria, las cuales no tienen ninguna regulación por falta de normatividad aplicable.
Esto ha propiciado que algunos intermediarios que se dedican a esta actividad cometan actos fraudulentos, en contra del patrimonio de las personas que solicitan sus servicios, o en su caso, les brindan información carente de sustento legal y técnico.
Lo cual deja al usuario en grave estado de indefensión de sus derechos, ante un posible acto que pueda generar responsabilidad civil o penal, por negligencia o falta de pericia del agente inmobiliario al intervenir en una negociación.
La iniciativa tiene como objetivo el establecimiento de derechos y obligaciones relacionadas con la actividad inmobiliaria, que den certeza a quienes ante la ausencia de un marco jurídico, se ven expuestos a asumir riesgos que en ocasiones los llevan a lesionar su patrimonio.
Contiene una serie de requisitos dirigidos a fortalecer la confianza y credibilidad de las actividades que realizan los agentes inmobiliarios.
