La activista Patricia Sánchez participó recientemente en la convocatoria Iniciativa Ciudadana, impulsada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), con un proyecto que busca adicionar las cuestiones socioeconómicas al artículo 181 del Código Penal del Estado como una causal más para la interrupción legal del embarazo.
Explicó que durante el sexenio de Patrocinio González Garrido, en 1991, se adicionó dicha causal, sin embargo, ante la oposición de grupos religiosos y de derecha este apartado duró únicamente tres días y desde entonces se ha dejado en el olvido.
Señaló que su propuesta se basa en que más de 3.6 millones de personas en el estado viven en pobreza, de las cuales 1.6 viven en pobreza extrema, lo que les impide en muchos lugares tener acceso a una educación sexual y por ende a los métodos anticonceptivos, con lo cual el ciclo de pobreza y marginación se cierne sobre las mujeres y sus familias.
La feminista señaló que de acuerdo a los resultados presentados por el instituto, su proyecto obtuvo el tercer lugar, por lo que recibirá un incentivo económico y la asesoría para que su iniciativa llegue al Congreso local y pueda ser evaluada para su presentación.
Reiteró que de esta forma serían cuatro las causales para interrumpir el embarazo de forma legal: la violación, malformación congénita que impidan la vida fuera del útero, poner en peligro a la mujer y falta de recursos económicos.
Destacó que esto ya es una realidad en estados como Yucatán desde 1921 y en Michoacán desde el 2015, pudiendo ser Chiapas la tercer entidad en agregar este apartado.
Finalmente, añadió que también se busca garantizar la norma 046 que obliga a que cada hospital público cuente con personal que no sea objetor de conciencia, formados con perspectiva de género, que realicen el procedimiento sin negar la legalidad de las causales.
