Los casos de violencia política van al alza y esto ha sido motivo para trabajar en una propuesta entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y legisladoras locales, con la intención de atender la problemática.
María Magdalena Vila Domínguez, presidenta provisional del IEPC, explicó que la idea es que se pueda legislar para elevar las sanciones y evitar esas prácticas que afectan a las mujeres que participan en política.
La violencia política, detalló, se castiga bajo tres circunstancias: la administrativa, jurisdiccional y la penal, pero en este último concepto son pocas las situaciones que prosperan.
Recordó que hace unos meses tuvieron el acercamiento de dos legisladoras locales, debido a que los comunicados que ha sacado el IEPC han evidenciado la situación que se vive con el tema de la violencia política en Chiapas.
Propuestas
Después de algunas reuniones en varias sedes, consolidaron tres documentos entre los que vienen propuestas para reformar algunos artículos de la Constitución, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y uno de la Ley de Medios de Impugnación a nivel estado.
Todo esto, detalló, fue presentado a la presidencia del Congreso local y se espera que haya un análisis y revisión del Poder Legislativo. Desde el IEPC estarán atentos en caso que haya alguna observación o aclaración de las propuestas.
Las medidas actuales no trascienden
Se prevén mayores sanciones tomando en cuenta que los casos de violencia política han subido. Las estadísticas más altas, refirió, se tienen en el tema de las conductas que se llevan a cabo, pero aún no se tienen las suficientes herramientas en ley para aplicar las sanciones.
Como ejemplo, dijo, a los servidores públicos (integrantes de un Cabildo) no los pueden sancionar por violencia política. Además, en otros casos de servidores públicos generales, se puede decretar responsabilidad administrativa, pero esa imposición no trasciende a más.
Lo único que puede hacer el IEPC es dar vista al superior jerárquico para que sea esa autoridad la que imponga el castigo. Dicha situación, consideró Vila Domínguez, no es suficiente debido a que muchas veces esa medida no trasciende.
Colocar a las personas en el registro del padrón de sancionadas por determinado tiempo, añadió, tampoco pasa a más, debido a que después de ese periodo salen de la lista. Anteriormente estaba plasmado que no podían participar en candidaturas, pero la Sala Superior declaró la inaplicación del artículo.
