Raquel Esther Sánchez Galicia, diputada local por el partido Morena, se refirió a las reformas de las diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, en donde dijo, aparentemente se busca eliminar la parte en la que dice que en las declaraciones de los servidores públicos también deberán declarar sus familiares.
“Estos apartados que buscan suprimir se necesitan hoy más que nunca, por las olas de corrupción y desfalco”, comentó.
Cabe señalar, que este dictamen ya fue aprobado el jueves pasado con 32 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra y busca armonizar la Constitución Política del Estado de Chiapas y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señalando quienes tienen la obligatoriedad de presentar un informe de su situación patrimonial.
Asimismo, la diputada recordó el cumplimiento de los términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, especialmente para el no cobro de estacionamientos vehiculares en las plazas públicas y centros comerciales.
Hizo un exhorto a los 122 Ayuntamientos para que realicen las modificaciones necesarias a sus respectivos Bandos de Policía y Buen Gobierno, así como a los Reglamentos de Construcción vigentes, afín de que se cumplan los preceptos y las reformas hechas al citado ordenamiento jurídico que ya posee curso Constitucional.
“Nos súmanos con decisión positiva a esta reforma y votamos a favor de ella, porque cada ley que signifique un beneficio, por muy pequeño que se pueda percibir, siempre será un ahorro en los bolsillos de la gente”, argumentó.
Expuso que no se trata de quitarle nada a quienes más tienen; se trata de equilibrar las cosas y beneficiar con acciones concretas a los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad especialmente con temas y asuntos concretos.
Cabe señalar, que las reformas hechas a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado número 224 de fecha 17 de febrero de este año, por lo que de acuerdo al artículo 3º transitorio de la misma, los Ayuntamientos tienen un plazo máximo de 90 días para hacer las modificaciones legales pertinentes, lapso que se vence el próximo 19 de mayo.
