La Red de Biogestores de Chiapas (BioRed) recordó las consecuencias adversas en la salud ante el uso constante de los fogones, por lo que piden replantear su uso.
Consecuencias
La organización ubicó las consecuencias del uso de fogones principalmente con mujeres que presentan enfermedades en los ojos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Además de generar gases tóxicos como monóxido de carbono, acroleína e hidrocarburos. Asimismo, indicaron que el uso de estos puede agudizar los síntomas del covid 19.
Además, en regiones del campo hay dificultad de conseguir leña o, en otros casos, su exclusivo uso provoca deforestación y otros problemas asociados como la falta de agua, la pobreza de los suelos, entre otras consecuencias.
“El consumo de tanques de gas comercial merma la economía familiar y acelera el uso de hidrocarburos que pretendemos eliminar por el cambio climático. En el ámbito urbano o semiurbano se da también la crianza de cerdos y borregos, lo que genera malos olores y descargas residuales a los ríos”, informaron.
Por ello, la Red consideró que el uso de los biodigestores es un mecanismo para contrarrestar estos efectos y problemáticas, tanto en las zonas rurales como en las urbanas y semiurbanas.
El Instituto Nacional de Salud Pública estima que 23 % de la población del país (28 millones de personas o cinco millones de viviendas) utiliza leña o carbón para cocinar, los cuales se queman mayoritariamente en fogones abiertos de baja eficiencia que liberan gran cantidad de contaminantes en el aire interior de las cocinas y causan graves problemas de salud.
Para solucionar este problema se han seguido dos estrategias a nivel gubernamental. La primera ha sido instalar, a lo largo de una década, aproximadamente 750 mil estufas de leña vía enfoques verticales y licitaciones, con resultados mixtos. La segunda, recientemente, ha sido impulsar el uso de gas LP (GLP), mismo que, si bien, se usa de manera creciente en hogares rurales, no ha sido capaz de reemplazar totalmente a los fogones abiertos.
“Las políticas públicas deben desarrollarse bajo un enfoque de derechos humanos. Se tienen que considerar las necesidades locales adaptando las tecnologías a las características culturales, geográficas y sociales de las poblaciones a quienes van dirigidas”, consideró el instituto.